¿Por qué el Partido Popular se opone a una medida tan sensata como la condonación parcial de la deuda autonómica aprobada por el Gobierno de coalición? Más allá del título a modo de spoiler, conviene repasar la historia reciente para entender unas órdenes de Génova que han llevado a los presidentes populares autonómicos a rechazar un importante alivio financiero.
Todas las comunidades autónomas arrastran desde hace más de una década un problema de sobreendeudamiento. Durante los años de recortes, el Gobierno de Mariano Rajoy impuso una austeridad que asfixió los servicios públicos y obligó a las comunidades a financiarse a base de deuda. En apenas siete años, entre 2009 y 2016, esa deuda se triplicó: de 96.000 a 276.000 millones de euros.
Esa carga hipotecó su capacidad de inversión, disparó el pago de intereses y recortó recursos destinados a la sanidad, la educación o la atención a la dependencia.
Hoy el escenario ha cambiado. Desde la pandemia, el Ejecutivo ha incrementado de forma histórica las transferencias autonómicas y, a pesar de que el modelo de financiación caducó en 2014, la deuda autonómica ha descendido 1,5 puntos del PIB desde 2018.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó el pasado martes el anteproyecto de ley para la asunción de parte de la deuda de las comunidades autónomas
La condonación de más de 83.000 millones de euros es un paso más en la dirección correcta, que persigue dos objetivos: que las comunidades recuperen autonomía para financiarse en los mercados sin el aval del Estado y que reduzcan una factura de intereses que cada año ronda los 5.000 millones.
Y, sin embargo, el PP dice 'no'.
Ahí está el caso de Galicia: Alfonso Rueda rechaza que el Estado asuma más de 4.000 millones de deuda gallega. Con esa quita, Galicia ahorraría cerca de 200 millones anuales en intereses. Dinero con el que reforzar la atención primaria, reducir listas de espera o mejorar la prevención de incendios. Pero el PP gallego prefiere anteponer la confrontación partidista a los intereses reales de la ciudadanía. Es inaceptable.
Conviene aclararlo: esto no va de Catalunya. La comunidad que más se beneficia de la quita en términos absolutos es Andalucía. En deuda por habitante, destacan la Comunidad Valenciana y otras infrafinanciadas históricamente. En porcentaje, la que más reduce es Canarias. Estamos ante un reparto justo, transparente y solidario.
Claro que la condonación, siendo un avance importante, no basta. Urge un plan más ambicioso de reestructuración: alargar plazos, rebajar costes financieros y liberar recursos para lo que importa. Y, sobre todo, urge desbloquear de una vez la reforma del sistema de financiación autonómica, que acumula más de diez años de retraso. Necesitamos garantizar suficiencia financiera, corregir desequilibrios y asegurar que todas las comunidades puedan sostener unos servicios públicos fuertes.
La política debe ser justicia territorial, cooperación y bienestar para la mayoría
Eso sí, no sería aceptable que este alivio fuese una herramienta para mantener políticas fiscales regresivas. No podemos permitir que algunos gobiernos del PP destinen recursos liberados a bajar impuestos a grandes fortunas o a eliminar tributos al patrimonio. La solidaridad no puede convertirse en privilegio.
En fin, que la aparente paradoja del PP -rechazar un alivio que beneficia a todas- solo se entiende a la luz de la historia: el mismo PP que creó la losa de deuda autonómica se resiste hoy a una solución que corrige sus propios errores. Por mero cálculo político, prefiere la confrontación, aunque paguen sus territorios y la ciudadanía. Frente a ello, el Gobierno de coalición demuestra, una vez más, que la política debe ser justicia territorial, cooperación y bienestar para la mayoría.