La presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, ha dado respuesta a toda la polémica surgida esta semana a raíz de las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el uso político de procedimientos judiciales por parte de algunos jueces. Evidentemente, la crítica ha sido velada, sin nombres y apellidos y bajo el paraguas de la defensa de la independencia judicial.
“Resultan totalmente inoportunas y rechazables las insistentes calificaciones a la justicia, provenientes de los poderes públicos. Tal forma de proceder socava de forma directa la confianza en la justicia”, ha espetado durante su discurso en el acto de apertura del año judicial ante el rey Felipe, el fiscal general del Estado, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y los máximos representantes del poder judicial.
Al finalizar su intervención, ha recibido aplausos de los allí presentes, igual que previamente el fiscal general, aunque en su caso más tímidos, algo inusual en este solemne acto.
El rey Felipe VI es recibido por la presidenta del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló (i), a su llegada este viernes al Tribunal Supremo (FERNANDO VILLAR / EFE)
“No es propio del poder judicial entrar en polémicas”
Aunque Perelló ha querido advertir del riesgo de estas descalificaciones continuas también ha criticado que desde el poder judicial se conteste. “No es propio del Poder Judicial entrar en polémicas ni en críticas a personas ni a instituciones, pues no nos corresponde como función. Cada cargo público es responsable de sus actos”, ha subrayado.
La presidenta contesta así a la carta enviada ayer por diez vocales del bloque conservador que pretendían que la presidenta se pronunciara sobre la presencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al acto de apertura del año judicial, y a la que no ha dado respuesta oficial.
Perelló advierte que los jueces no se van a poner a la altura de aquellos cargos públicos que ponen en la diana al poder judicial pero apunta que “sí vamos a defender con firmeza los principios esenciales que definen al poder judicial y que hacen que sea digno este nombre”.
“La sociedad no merece que los poderes públicos entren en descalificaciones ni en reproches mutuos, sino que las instituciones funcionen con normalidad y que actúen al servicio de los ciudadanos, y con respeto y lealtad a las otras. Y así lo hará el poder judicial”, ha añadido.
Por eso, pide a los jueces que no entren en estas provocaciones. “Nuestra función es resolver los conflictos que se dan en la sociedad, no contribuir a alimentarlos (...), lejos de la disputas estériles que nada aportan”, ha indicado.
Hace tiempo que el choque entre poderes está llegando a niveles nunca antes vistos. Desde que Perelló ha llegado a la presidencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Supremo, ha tenido que salir públicamente a defender la independencia judicial como respuesta a las descalificaciones a resoluciones judiciales y contra jueces en particular, con nombres y apellidos.
“Son aceptables el desacuerdo y la crítica, siendo ambos legítimos, pero no lo es desacreditar al poder judicial, atribuyéndole intenciones u objetivos que resultan abiertamente contrarios a los principios que deben presidir la actuación jurisdiccional”, en alusión a las acusaciones a jueces de “lawfare”.
En su discurso, Perelló ha querido hacer una mención especial a la labor de las mujeres en la administración de justicia y a los jueces de Valencia que trabajaron en condiciones “extremas” durante el desastre de la dana.
Crítica a la 'ley Bolaños'
La presidenta del Supremo tampoco ha querido pasar por alto la reforma de la justicia que pretende aprobar el ministro Bolaños en el Parlamento y que pretende regularizar a mil jueces sustitutos para que se integren en la carrera judicial. Esta reforma provocó una huelga de jueces y fiscales en julio, generando fuertes críticas dentro de la carrera.
El rey Felipe VI, acompañado por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños (d)
”El necesario incremento del número de jueces no puede hacerse en detrimento de la calidad de la formación que exige la función jurisdiccional. Las reformas que en el futuro puedan plantearse en el sistema de selección deben respetar siempre sus principios esenciales: la publicidad, la objetividad de las pruebas, que se basa en un control del conocimiento del derecho exhaustivo, y la transparencia. Estos principios garantizan jueces independientes y con plena autonomía personal”, ha recalcado.
