La reforma de la jornada laboral llega al Congreso con el destino ya escrito: está muerta. Junts ha anunciado su voto en contra y se suma a PP y Vox para que la propuesta ni siquiera supere el trámite de admisión. No habrá debate en profundidad, ni posibilidad de enmiendas ni negociación parlamentaria. Y aunque la formación de Yolanda Díaz culpa a otros del naufragio, hay un error de partida que no puede ignorarse al no haber contado con los empresarios desde el principio.
La reunión entre Carles Puigdemont y Yolanda Díaz en el parlamento europeo en septiembre de 2023
Reducir la jornada a 37,5 horas semanales sin pérdida salarial es una propuesta de enorme impacto económico, organizativo y laboral que afecta de forma directa a doce millones de trabajadores, pero también a miles de empresarios que deben organizar turnos, reestructurar costes y planificar la producción. Pretender aprobar una reforma de esta calibre sin un pacto social previo y hacerlo solo con los sindicatos y sin que la patronal se sienta escuchada era abrir la puerta a un bloqueo político.
Sumar pierde credibilidad en su sello de reformas sociales
Sumar ha confiado en que la presión de la calle, con sindicatos movilizados, sirviera para doblegar las resistencias. Pero ante un Congreso fragmentado, donde cada voto es decisivo, era difícil. El entorno de Díaz lleva meses de negociación con los posconvergentes y, directamente, con Puigdemont, y llegó a dar por hecho que llegarían a doblegar estas reticencias. En Sumar blandían la carta de la reunión entre Díaz y el líder de Junts hace dos años como muestra de buena sintonía. La vicepresidenta fue la primera en viajar a Bruselas para “rehabilitar” políticamente al expresident y establecer una “relación normalizada y estable entre ambas formaciones”, pero ni por esas.
Junts argumenta que la reforma pone en riesgo la viabilidad de las pequeñas y medianas empresas catalanas –la presión de Pimec y Foment del Treball ha jugado un papel decisivo para convencer a Puigdemont– y cuestiona que no se hayan incorporado propuestas que garanticen mejoras salariales. En definitiva, consideran que no se tiene en cuenta la singularidad del tejido productivo de Catalunya y arguyen prisas del Gobierno por aprobar una reforma que no estaba madura.
La consecuencia es que una de las promesas estrella de Sumar –y una de las pocas banderas que podía ondear ante su electorado– caerá sin haberse discutido. El golpe político para el espacio confederal, que pierde credibilidad en su sello de reformas sociales, es evidente por mucho que Díaz anuncie que la volverá a presentar y que, si es necesario, avanzará por decreto en algunos aspectos, como endurecer el control horario de la jornada.
