Fuego a discreción contra Junts por coincidir con PP y Vox en el rechazo al proyecto de ley de duración de la jornada laboral. Los argumentos para el señalamiento son básicamente que los de Puigdemont trabajan al servicio de la gran patronal para fastidiar los intereses del pobre currito.
La CEOE de Antonio Garamendi, el Fomento de Josep Sánchez Llibre y los demás clubs empresariales tendrían en Junts una suerte de criado dispuesto a todo con tal de agradarles y ganarse sus favores. El patrón pone la música y Junts baila al son escogido por el amo.
Construido este argumento cabe añadirle otro: los junteros se han quitado la careta para enseñarse como lo que son. Una derecha rancia, casposa y clasista que nunca peleará por los derechos de los trabajadores. Del PP y Vox se dice lo mismo, pero como nadie esperaba de ellos un aval de la reforma, la insistencia es menor.
La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz
El Gobierno de Pedro Sánchez empieza el curso como acabó el anterior: con un sonoro bofetón a sus iniciativas legislativas más ambiciosas. A la frase de la ministra portavoz, Pilar Alegría, en vísperas de la ya fallida votación -¡Es hora de que todos nos retratemos”- puede responderse con toda lógica: “¡Es hora de convocar elecciones!”, dado que en el Congreso el Gobierno va de batacazo en batacazo en una suerte de juego de la oca que no hace más que señalar su extrema debilidad.
Los cálculos del Gobierno, también los de los sindicatos, expresados en el hiperbólico preámbulo de ley, son erróneos, No sólo en lo político -el desprecio a Junts y a su capacidad de mantenerse inmune a la presión- sino también en lo social.
Porqué lo cierto es que la presión ciudadana para esa reforma es inexistente. Descontados funcionarios y asimilados -en TV3 por ejemplo la jornada es de 35 horas semanales-, trabajadores de grandes corporaciones que ya están en las 37,5 horas por semana -no sus subcontratas- y otros grupos de asalariados que ya gozan de estas condiciones que ahora querían implantarse por ley, queda del otro lado un ejército repartido en mil casuísticas que sabe que no puede permitirse trabajar menos.
Ahí están los millones de autónomos -muchos de ellos falsos y precarios-, la multitud de empleados en la base de la pirámide salarial que quieren más dinero y no menos horas de curro y una abultadísima bolsa de pequeños empresarios con cuentas de resultados ajustadísimas que no pueden atender nuevas exigencias de la administración sin que el aliciente de mantener en pie el negocio corra el riesgo de desaparecer.
Y es ahí, en las pequeñas y medianas empresas y en sus órganos de representación (destacadísimo el papel de Pimec) en donde se ha falcado la posición de Junts. No ha habido una conspiración veraniega en yates de tres cubiertas de los grandes empresarios y directivos del Ibex 35 contra las 37,5 horas. La resistencia ha venido del modesto y nada glamuroso mundo de la pequeña empresa. Aquella que no es noticia, pese a representar el 99,8% del total de empresas en España y el 66% del empleo privado. La rebelión contra el dúo Sánchez-Diez ha cuajado en los lugares en los que se suda, literalmente, para mantener en pie el negocio, al empresario y a sus empleados. Más en las calles anónimas y en los polígonos que en el paseo de la Castellana o en la Diagonal, para entendernos.
Así que señalar a los partidos que han votado en contra como portaestandartes del capital y enemigos del trabajo no tiene sentido. Como tampoco lo tendría escribir que Yolanda Díaz sólo se le podía ocurrir una reforma de esta guisa porqué ha pasado toda su vida entre los algodones de lo público y sin subir jamás una persiana a primera hora de la mañana. En fin, el progreso compartido, a veces, es cuesta arriba. Lo entienden los progresistas, los progres quizás un poco menos.