El juez instructor de la causa contra Santos Cerdán, ahora en prisión preventiva, ha rechazado este lunes diversas diligencias de investigación solicitadas por la defensa del ex secretario de organización del PSOE al considerar que “no resultan pertinentes, útiles ni necesarias a los fines de la investigación” de la causa que instruye contra él y otras personas como el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García por varios delitos.
El magistrado de la Sala de lo Penal Leopoldo Puente ha emitido este lunes un auto de 19 páginas al que ha tenido acceso La Vanguardia en el que rechaza una a una las diversas peticiones realizadas en un escrito registrado la semana pasada, junto a la petición de libertad, por la defensa de Cerdán, ejercida por los abogados Benet Salellas y Jacobo Teijelo .
Los letrados pedían entre otras cosas la declaración de una veintena de miembros de la Guardia Civil, para aclarar el papel del comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, que supuestamente habría sido el encargado de suministrar teléfonos “de seguridad” a al menos dos de los implicados en la trama, Koldo García y Victor de Aldama, a cambio de pagos regulares a él y a su esposa.
El auto del juez, que tiene pendiente decidir sobre la petición de libertad del exdirigente socialista, sostiene que “ninguno de los referidos testimonios, en los términos en los que vienen planteados, resultan aquí precisos para contribuir al esclarecimiento de los hechos que conforman el objeto de la presente causa y, por ello, devendría su práctica, además de inútil, perjudicial para que aquella pueda discurrir con la indispensable agilidad”.
Cerdán también solicitaba al TS que se completara la totalidad del expediente judicial, dada la dispersión que sufre la investigación nacida en la Audiencia Nacional y llevada al Supremo. “Dicha petición, en los imprecisos términos en los que aparece formulada, no puede ser acogida, por considerarla claramente inútil y perjudicial”, responde el magistrado.
Asimismo pedía “la aportación inmediata de todos los informes pendientes relativos a Santos Cerdán”, en especial el informe patrimonial que detallaría si se enriqueció o no.
Exigía todo el material “expurgado” y declarado “secreto” por parte de la Policía Judicial “con independencia que el juez instructor declare lo que considere al respecto como autoridad judicial y de una forma que sea siempre compatible con el ejercicio del derecho de defensa”.
También que la propia UCO investigue específicamente “cuál era el motivo de la existencia del chat “K fontanería” por parte de miembros del Servicio de Información de la Guardia Civil” que estaban al servicio de Villalba, y en concreto quién creó dicho chat, con qué miembros, qué significaba la K y qué tipo de fontanería ejercían. “Las conductas, delictivas o no, que pudiera
haber desarrollado el referido Rubén Villalba, y aún los teléfonos que éste pudo haber facilitado a don Koldo García Izaguirre, nada en absoluto tienen que ver --no existe elemento alguno que permita siquiera contemplarlo en términos razonablemente hipotéticos-- con los hechos que se atribuyen aquí, en esta causa especial, al Sr. Cerdán León”, sostiene Puente parta rechazar esta diligencia.
Otra petición consistía en incorporar a la causa en el TS el atestado y la declaración del empresario Víctor de Aldama en los que se exponen presuntos fraudes en el IVA de importaciones petroleras de Venezuela, que le habrían permitido beneficios multimillonarios; la defensa de Cerdán quiere saber también -dado el carácter “pactado y abiertamente falso” de su declaración, opina- quién visitó a Aldama mientras estuvo en prisión, de cara a “determinar las vías de concertación y posibles instrucciones recibidas en prisión para dirigir su declaración”.
También pedía copia de las querellas relacionadas con la trama que fueron inadmitidas por el TS, y de la entrevista de Koldo en TVE en la que hablaba de su incansable actividad grabadora y que la UCO aclare si hay más aforados bajo investigación y, en función de la respuesta, se comunique al Congreso que “un número indeterminado de aforados están siendo investigados sin haber sido solicitado el pertinente suplicatorio”. Respecto a esta última petición el auto del juez sostiene que “es evidente que ni en esta causa especial ha resultado inculpado Diputado o Senador alguno (más allá del Sr. Ábalos Meco, para quien se solicitó y obtuvo el correspondiente suplicatorio), ni se ha
encargado tampoco a la policía judicial actuante más
'investigación' que la referida”.
