El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha recurrido la fianza fijada por el juez Ángel Hurtado de 75.000 y sostiene que que por su cargo “goza de una exención legal que le dispensa de prestar fianzas, depósitos, cauciones o cualquier otro tipo de garantía procesal cuando es demandado o acusado por actos presuntamente cometidos en el ejercicio de sus funciones oficiales”.
La tesis de la Abogacía del Estado es que según la ley García Ortiz no debería cubrir ninguna fianza, contrariamente a lo fijado por el juez que le ha procesado por un delito de revelación de secretos por presuntamente filtrar un datos confidenciales de la pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
En un recurso presentado por la Abogacía del Estado, encargada de su defensa, y al que ha tenido acceso La Vanguardia, García explica que esta exención del pago de fianza se aplica de forma habitual por los juzgados de instrucción “para eximir a funcionarios —muy especialmente a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado— defendidos por la Abogacía del Estado, de la obligación de prestar fianza en procedimientos penales en los que se les atribuyen actuaciones desarrolladas en el ejercicio legítimo de sus funciones”. El argumento es que la ley fija que se debe garantizar la protección jurídica “de quienes actúan en nombre del Estado”.
Hurtado impuso una fianza de 150.000 euros a García para hacer frente a las posibles responsabilidades pecuniarias de cara al juicio que se celebrará previsiblemente en noviembre por un presunto delito de revelación de secretos por la filtración de unos correos electrónicos entre el fiscal que investigaba a Alberto González Amador y su abogado en el que éste proponía un acuerdo de conformidad a cambio de reconocer el fraude fiscal.
Unos días después rectificó la fianza y la fijó en 75.000 euros que García Ortiz ha cubierto con un aval con una propiedad. Aún así, el máximo responsable de la Fiscalía espera que la Sala de lo Penal anule tal fianza.
En el recurso, el abogado del Estado sostiene que no se puede tener en cuenta los supuestos daños morales a los que apela González Amador porque el hecho de que se conociese que estaba dispuesto a reconocer el fraude fiscal se conoció por su entorno y ciertas publicaciones en prensa, que nada tuvo que ver con el fiscal general del Estado porque desconocía tal extremo cuando se hizo público.
De hecho, señala directamente a altos cargos del gobierno dirigido por su pareja quienes dieron a conocer esa intención de buscar un acuerdo de conformidad con el fiscal que le estaba investigando.
