En plena polémica por los fallos detectados en los dispositivos de control a agresores de violencia de género (las pulseras antimaltrato), el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska ha negado que estos problemas hayan supuesto “ninguna brecha de seguridad” para “ninguna mujer” víctima de violencia de género, por lo que considera una “irresponsabilidad manifiesta” sembrar dudas sobre su eficacia.
“El sistema las ha protegido en todo momento” ha asegurado desde Zaragoza, donde ha presidido la inauguración del nuevo acuartelamiento de la Guardia Civil en Zaragoza, que ha costado 36 millones de euros.
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Según ha manifestado, las “disfunciones” detectadas en el sistema Cometa, encargado de controlar la ubicación de los agresores con orden de alejamiento mediante dispositivos telemáticos, están relacionadas con la transmisión de los datos hacia los procesos judiciales relativos al quebrantamiento de medidas cautelares, “que también han tenido su importancia”, pero no a los de violencia de género, y ha hecho hincapié en que la seguridad de las mujeres “no se ha visto afectada en ningún momento”.
Al igual que ha hecho hoy la ministra de Igualdad, Ana Redondo, Marlaska también ha aludido a la importancia de no infundir “bulos” ni “mentiras” sobre este tema, ya que pueden generar “desconfianza” entre las víctimas de violencia machista, que se encuentran en una situación de “vulnerabilidad máxima”, hacia un sistema que está para protegerles.
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Marlaska parecía incluir así los testimonios de algunas víctimas y trabajadores que han denunciado fallos en los últimos días, ante lo que ha reiterado la existencia de “disfunciones” en lo relativo a la transmisión de información, pero sin que haya supuesto una “falta de seguridad” para las víctimas. “De eso a decir algo de la gravedad como la aludida me parece de una irresponsabilidad manifiesta”, ha sentenciado.
Sobre la reclamación hecha hoy por la vicepresidenta Yolanda Díaz de una “pequeña investigación” sobre lo sucedido, el ministro también ha subrayado que ya se ha hecho una evaluación sobre los problemas de las pulseras antimaltrato “desde el primer momento en que se detectaron” y que se sacarán “las conclusiones necesarias y precisas” para que no vuelva repetirse.
