La jueza acuerda la apertura de juicio oral para el novio de Díaz Ayuso, Alberto González Amador

Fraude fiscal

La instructora envía el asunto a los juzgados de lo penal de Madrid para su enjuiciamiento

La jueza acuerda la apertura de juicio oral para el novio de Díaz Ayuso, Alberto González Amador
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La jueza acuerda la apertura de juicio oral para el novio de Díaz Ayuso, Alberto González Amador

EFE

La jueza de Madrid que instruye la causa contra Alberto González Amador por defraudar a Hacienda ha acordado la apertura de juicio oral contra quien es pareja de Isabel Díaz Ayuso,  aunque no le impone ninguna medida cautelar como la prestación de una fianza.

Esta resolución es firme por lo que ya no cabe recurso. Esto significa que González Amador será juzgado por la presunta comisión de dos delitos fiscales, otro de falsedad documental, además de un delito continuado contable y otro de pertenencia a organización criminal.

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La titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid sólo le procesó por dos delitos fiscales, por el fraude de 350.000 euros y el de falsedad documental. Sin embargo, en el auto de apertura la magistrada debe recoger todos los delitos por los que está acusado por todas las partes en este caso las acusaciones populares.

El novio de la presidenta madrileña será enjuiciado en los Juzgados de lo Penal de Madrid, que ahora deberá fijar las testificales y fecha para el juicio.

Junto a González Amador también están acusados cuatro presuntos testaferros, Maximiliano Niederer, además de David Herrera y Agustín y José Manuel Carrillo, quienes a través de sus empresas habrían emitido facturas por trabajos ficticios.

Según la investigación, González Amador les habría utilizado para rebajar sus ganancias alegando ante Hacienda que no tenía prácticamente margen entre ingresos y gastos y por tanto reducir al máximo el impuesto de sociedades. Fue a raíz de una investigación de la Agencia Tributaria que se detectó el fraude. Al ser la cantidad defraudada superior a 120.000 euros anuales se convertía en delito y por tanto el proceso de inspección quedó paralizado para iniciar un proceso penal con la querella de la Fiscalía y Abogacía de Estado.

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