Tras el ímprobo esfuerzo acometido durante tres semanas por los abogados del Estado para perfilar al milímetro el redactado de la iniciativa, para evitar que colisione con otras leyes españolas, la legislación europea o los tratados internacionales, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes al fin la medida estrella comprometida por Pedro Sánchez para tratar de elevar la presión contra el Ejecutivo de Beniamin Netanyahu.
El Gobierno ha dado así luz verde al real decreto ley de medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y apoyo a la población palestina, que incluye el embargo “total” de armas a Israel. La norma diseñada por el Ejecutivo prevé excepciones, lo que no gusta a Sumar. Y nace, en todo caso, sin garantías de que podrá ser convalidada en el Congreso, ante los recelos expresados por Junts per Catalunya y una posición de máximos de la que no se mueve Podemos, que sospecha de “una estafa propagandística”.
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo
Justo cuando el propio Pedro Sánchez y Felipe VI están en Nueva York, con motivo de una asamblea general de Naciones Unidas que suma denuncias contra Israel y reconocimientos de distintas potencias al Estado de Palestina, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha resaltado desde la Moncloa la pretensión de “aumentar la presión en todos los ámbitos” contra el Estado hebreo.
La primera de las cuatro medidas esenciales de este decreto ley que ha resaltado Cuerpo es la consolidación del embargo “total” de armas a Israel, con la prohibición de las exportaciones y las importaciones con destino y origen en este país, “de todo el material de defensa, productos o tecnología de doble uso”. La segunda es la denegación de la solicitud de tránsito para los combustibles de aeronave con posible uso militar de Israel, que hasta ahora estaban fuera del reglamento de control del comercio exterior.
El decreto ley aprobado por el Ejecutivo incluye una disposición para revocar los contratos de material de defensa israelí vigentes en España y prohibir los pendientes de resolución
La tercera medida, la más difícil de redactar y que ha implicado la demora en la aprobación del decreto ley debido a su complejidad técnica, es la prohibición de importación a España de productos originarios de asentamientos ilegales israelíes en territorio palestino ocupado. Y la cuarta es la prohibición de la publicidad y comercialización de bienes originarios de estos asentamientos y de servicios prestados en ellos. Por ejemplo, en el ámbito del turismo, la publicidad sobre los hoteles de propietarios israelíes levantados en territorios ocupados en Cisjordania.
El Gobierno trata de impulsar además con este decreto ley la “desconexión” absoluta de los contratos con la industria de la defensa israelí, con una disposición adicional para revocar las autorizaciones vigentes en España y prohibir las pendientes de resolución. “Caen todas”, resaltan en la Moncloa.
No obstante, Cuerpo ha resaltado que el decreto ley incluye otra disposición que abre la puerta a que el Gobierno autorice excepciones a este embargo de armas a Israel, para defender los intereses generales en circunstancias excepcionales. El Consejo de Ministros podrá así autorizar una “excepción puntual de manera excepcional y por afectación a intereses nacionales”. El Ejecutivo, ha señalado, comparecerá en todo caso trimestralmente en el Congreso para “rendir cuentas” de la aplicación de las medidas contempladas en el decreto ley.
El ministro de Economía ha advertido que esta iniciativa es “un paso más, pero contundente y pionero a nivel internacional”. “Con este real decreto ley se agotan todos los márgenes de actuación legal disponibles, con el único límite del respeto al derecho internacional, la normativa comunitaria y los tratados internacional”, ha subrayado Cuerpo. La medida, no obstante, no afecta a las bases norteamericanas de Rota y Morón, que se rigen por su propio tratado de funcionamiento suscrito con España.
“Esperamos por supuesto el apoyo de nuestros socios”, han confiado en la Moncloa, cuando se vote la convalidación o derogación de este decreto ley en el Congreso. Pero no tienen por ahora ninguna garantía al respecto, sobre todo por parte de Podemos, pero también por parte de Junts. El propio Cuerpo y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ya contactaron el pasado fin de semana con los grupos parlamentarios en busca de respaldos, para explicarles que esta iniciativa es lo máximo que puede hacer el Gobierno al respecto. Pero falta que así lo entiendan y voten a favor de la convalidación.
