El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, será juzgado este otoño por un presunto delito de revelación de secretos por un tribunal de mayoría conservadora y que estará encabezado por el nuevo presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, según se ha confirmado hoy, después de que García Ortiz haya pedido al Tribunal Supremo que rechace todas las acusaciones contra él y quede absuelto.
El escrito de defensa era el último paso que esperaba el alto tribunal para dar por conformada la sala que le juzgará. En una providencia, la Sala de lo Penal se hace ya cargo de la causa y comunica que serán siete magistrados quienes juzguen a García Ortiz. El tribunal será presidido por el conservador Andrés Martínez Arrieta y le acompañarán los también conservadores Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Carmen Lamela, y las progresistas Ana Ferrer y Susana Polo. Esta última será la ponente de la futura sentencia, como así lo fue del auto de admisión que marcó el inicio de la causa contra el fiscal general en el Alto Tribunal. Una vez compuesto el tribunal, se fijarán las testificales solicitadas y se dará fecha de inicio de la vista oral.
En su escrito dirigido al TS, al que ha tenido acceso La Vanguardia, García Ortiz niega que filtrara información confidencial respecto de la pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y culpa al aparato político de ésta de difundir información manipulada para atacar a la Fiscalía por investigar a Alberto González Amador de un fraude fiscal.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz
La tesis de la defensa de García Ortiz, que ostenta la Abogacía del Estado, es que tras hacerse público que la Fiscalía había interpuesto una denuncia contra el empresario por dos delitos fiscales y otro de falsedad documental, el “aparato político” de su pareja, Díaz Ayuso, reaccionó para atacar a la Fiscalía y restar credibilidad a la denuncia para hacer creer que se trataba de una operación política contra ella.
“Con el propósito de neutralizar urgentemente el presumible impacto político negativo de la noticia publicada por eldiario.es sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, el jefe del gabinete de la presidenta, utilizando los medios propios de su función institucional, diseñó y ejecutó una estrategia consistente en construir y difundir un relato alternativo, según el cual los problemas de González Amador con la Hacienda Pública se debían a una persecución política contra Isabel Díaz Ayuso de la que eran partícipes la Agencia Tributaria y la Fiscalía”, apunta en su escrito.
Habría sido, según el fiscal general, el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez la persona que difundió aquel 13 de marzo de 2024 un mensaje masivo a varios periodistas diciendo “falsamente” que el fiscal, por órdenes de arriba, había rechazado hacer un pacto con González Amador y que esa investigación formaba parte de una “trama corrupta” de Hacienda y la Fiscalía. Esos mensajes, según el escrito de defensa, provocaron la publicación de una noticia “manipulada” en el diario El Mundo.
”Los hechos que acabamos de relatar ponen de manifiesto una operación perfectamente orquestada desde el aparato institucional de la Comunidad de Madrid para contrarrestar la repercusión política negativa de la noticia de eldiario.es sobre la persona relacionada con la presidenta de la Comunidad de Madrid, construyendo con ese propósito un relato alternativo en el que se presentaba a González Amador como la víctima de una operación política llevada a cabo desde el Gobierno, con la ilícita complicidad de la AEAT y de la Fiscalía, para desacreditar a la presidenta de la comunidad”, insiste.
Todo ello provocó, según el fiscal general, un gran interés mediático. Lo que hizo García Ortiz fue recabar toda la información con el fiscal del caso, Julián Salto. Y en paralelo a que él fuera consiguiendo esa información por los canales reglamentarios, los periodistas fueron obteniendo por sus propios medios información, concretamente los correos electrónicos cruzados entre el fiscal y el abogado de González Amador donde este último ofrecía un pacto de conformidad a cambio de reconocer el fraude fiscal, y que salieron publicados.
García Ortiz sostiene que cuando él tuvo acceso a esos correos ya se habían publicado. Él los utilizó para ordenar realizar una nota de prensa que se publicó al día siguiente, el 14 de marzo, para desmontar todas las acusaciones falsas lanzadas por la Comunidad de Madrid, según su tesis.
García defiende que en esa nota no hubo ninguna revelación de secretos y que se hizo para defender la “honorabilidad” de la Fiscalía.
