El Gobierno de Canarias lleva meses avisando de que, si la situación de hacinamiento a la que se enfrentan los menores migrantes no acompañados no se soluciona antes de que comience la temporada alta de llegadas irregulares, el sistema de acogida podría saltar por los aires. Ese tiempo, aunque la ruta canaria se encuentra en descenso con respecto a años anteriores, llega ahora en octubre. Y el problema no se ha solucionado.
El Gobierno aprobó el pasado 26 de agosto el decreto con el que las comunidades autónomas podían pedir la declaración de contingencia migratoria –el primer paso para poner en marcha la distribución de menores entre comunidades autónomas–. El Gobierno de Fernando Clavijo no tardó en hacerlo. Pues bien, casi un mes después, la reforma del artículo 35 de la ley de Extranjería aún no ha permitido derivar a la Península ni un solo niño o adolescente no acompañado. La norma establece dos vías: por un lado los menores que llevan meses en Canarias, antes de declararse la contingencia migratoria –no ha sido trasladado ninguno–; y por otro, los que han llegado después de que se declarase, que deberían abandonar las islas, como máximo, 15 días después de desembarcar. Tampoco se ha cumplido.
Mañana se trasladarán en dos grupos quince menores malienses a la Península de los 37 previstos esta semana
Un adolescente marroquí de 17 años que iba a bordo del atunero que encalló en la costa de Lanzarote el pasado 10 de septiembre tenía que ser el primero en ser derivado. Su traslado estaba previsto para ayer, rumbo a Extremadura, pero finalmente se pospondrá unos días. Como él, hay otros 38 africanos llegados recientemente a las costas canarias que deberían abandonar el archipiélago en una quincena. El Gobierno central culpa a las comunidades del Partido Popular, en pie de guerra contra la política migratoria de la Moncloa, porque están poniendo trabas para ralentizar los traslados. Sin embargo, fuentes del Gobierno autonómico señalan a la Subdelegación del Gobierno en Canarias.
La letra pequeña del mecanismo de traslados es tremendamente proteccionista para preservar, siempre, el interés del menor: peticiones de informes, entrevistas con los menores para ver sus circunstancias, envío de expedientes, notificaciones a la comunidad de destino y alegaciones por parte del menor. Una maraña de papeleo.
Y en paralelo, continúan, también muy lentamente, los otros traslados que el Gobierno está llevando a cabo, por orden del Tribunal Supremo, que le exigió incorporar a su sistema de acogida a un millar de adolescentes solicitantes de asilo. Aquí las cosas no van mejor. Pese a que hace tres días la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, auguró que octubre terminaría con unas 500 derivaciones, las cifras no parecen, a día de hoy, acompañar esos optimistas pronósticos. En las reuniones que semanalmente se celebran, el Ejecutivo ha ido prometiendo la derivación de 587 menores no acompañados. Sin embargo, solo han sido trasladados a la Península 113. Otros 147 se han derivado a un centro estatal del que dispone el Gobierno en las islas. El pasado martes, Migraciones se comprometió a distribuir a 37 menores esta semana. Hasta las 15.00 horas de ayer no entró la solicitud para trasladar mañana en dos grupos a 15 adolescentes malienses. Por delante, otro fin de semana a contra reloj.
