La mujer del presidente del Gobierno Begoña Gómez no ha acudido a los juzgados para que le comunicasen que seguirá su proceso por malversación por un jurado popular. El juez instructor del caso, Juan Carlos Peinado, la había citado junto al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y la asesora de Gómez, Cristina Álvarez, para comunicarles que serían enjuiciados por un jurado.
Hasta que llegó la hora de la citación, prevista para las 18 horas, en los juzgados había personal de seguridad de la Moncloa, que tras conocer la incomparecencia de la mujer del presidente, acabaron por abandonar los pasillos.
A la hora de tener que presentarse ante Peinado, ninguno de los tres investigados comparecieron. Sus abogados pidieron el archivo de la causa, petición apoyada por la Fiscalía. A pesar de que la asociación Hazte Oir había convocado una concentración en la puerta de los juzgados, sólo había algún esporádico por allí.
A pesar de la ausencia, la comparecencia continuó. Para pedir el sobreseimiento, las defensas explicaron que ni Gómez ni Álvarez ostentan el cargo de funcionario público. Volvieron a defender que Álvarez se limitó a hacer funciones de asesora a la mujer del presidente del Gobierno.
Piden la declaración de Pedro Sánchez y Félix Bolaños
Según fuentes presentes en el interrogatorio, las acusaciones reclamaron a Peinado que ordene nuevas citaciones, entre las que se encuentran la testifical de Pedro Sánchez y la del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Aunque ambos ya han sido interrogados, las acusaciones sostienen que no ha sido en esta pieza y por tanto deben ser escuchados de nuevos.
Según estas mismas fuentes, la defensa del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, alegó que él no fue el responsable de la contratación de Álvarez ni su superior por lo que no tenía ninguna responsabilidad sobre ella.
Tanto el juez como el dispositivo de seguridad esperaban a Begoña Gómez. El control de agentes antidisturbios en los alrededores de Plaza de Castilla e incluso dentro de los juzgados había sido organizado desde Moncloa. Según explicó el abogado de la mujer de Sánchez, Antonio Camacho, el acudir era un derecho, no una obligación, y por tanto no debía comunicar con antelación su decisión de no acudir.
Peinado, molesto con la incomparecencia
Fuentes presentes en la comparecencia sostienen que el juez Peinado estaba ostensiblemente molesto por la incomparecencia de los imputados. habrá que esperar a su próxima resolución, donde decida qué nuevas diligencias va a practicar, para saber si hace alguna mención sobre el “plantón” al instructor.
Las defensas se basan en una circular de la Fiscalía General del Estado que avala que ayer solo fueran los abogados. En el texto se recoge que: “en la comparecencia tan sólo se van a concretar los términos de tal imputación y siempre ante la presencia de su letrado”. Sostienen que la presencia del imputado no es indispensable. En la comparecencia, no se practican diligencias de instrucción “y por tanto, tampoco la declaración del imputado”, defienden estas fuentes.
Peinado mantiene que la asesora hizo trabajos específicos, como enviar correos electrónicos o ponerse en contacto con empresas para buscar financiación para su cátedra en la Universidad Complutense de Madrid. Para llegar hasta el fondo del asunto, el juez ha requerido a la Moncloa que le entregue todos los correos enviados y recibidos por Gómez durante siete años, desde el 2018.
Recursos pendientes
La defensa de Begoña Gómez está pendiente de que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva su media docena de recursos interpuestos contra varias actuaciones del juez. Pero mientras tanto, la instrucción sigue avanzando. Peinado pretende dar un acelerón a la pieza abierta por la posible malversación, y continuar con las otras líneas de investigación, concretamente la de su cátedra, la financiación de ésta, o el registro de un software creado por empresas y que, según el juez, Gómez se habría apropiado.
En la Moncloa alegan que Peinado solo busca la “humillación pública” de la esposa del jefe del Ejecutivo, en lo que consideran una “causa política” para tratar de “tumbar” a Sánchez. Mientras tanto, el promotor de la acción disciplinaria del órgano de los jueces está revisando la queja de Bolaños, junto a otras miles presentadas contra el juez de anónimos incluso bots. Se encuentra en el paso de decidir si no hay ningún indicio disciplinario y archivarlo o si iniciar formalmente un expediente.
