El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dejó muy claro a principios de mes que no piensa convocar a la ciudadanía a las urnas, aunque no consiga aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Sus palabras inspiraron la medida estrella con la que Alberto Núñez Feijóo quiso arrancar el nuevo curso político: obligar por ley a convocar elecciones de forma anticipada en caso de que el Gobierno acumule dos prórrogas consecutivas en las cuentas públicas. Una propuesta que se enmarca en la esfera nacional pero que proyecta sombras en la política autonómica, donde varios presidentes populares, caso de Aragón o Extremadura –Castilla y León lleva otros tiempos-, afrontan una segunda prórroga si este año tampoco alcanzan un acuerdo con Vox.
“No son situaciones homologables, ni siquiera parecidas”, esgrimen fuentes del PP ante el aparente dilema que se abre en estas comunidades. Reivindican que sus Gobiernos autonómicos cuentan con mayor legitimidad que el de Sánchez, ya que el socialista no ha logrado aprobar las cuentas ni una sola vez en lo que va de legislatura, mientras que ellos sí lo hicieron en 2023, cuando Vox formaba parte de esos Ejecutivos.
Las comunidades no ven “homologable” la situación de Sánchez con el bloqueo de Vox en sus territorios
Por ahora, en Castilla y León han pasado de puntillas sobre el asunto. Su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, acaba de convocar sus terceras elecciones autonómicas para el 15 de marzo de 2026, siempre y cuando no haya adelanto de las generales antes de que concluya la legislatura castellanoleonesa, en cuyo caso, harían coincidir ambos comicios en el mismo día. Antes, aseguran que van a tratar de dejar aprobados los presupuestos de 2026 “como legado”, pero con cinco prórrogas a sus espaldas y minoría en el parlamento autonómico no parece que vaya a ser factible.
Mientras, Extremadura y Aragón se han comprometido a presentar las cuentas para 2026 con la esperanza de que, esta vez sí, la dirección nacional de Vox, que es la que negocia y decide, dé el visto bueno a la aprobación de los números.
La extremeña María Guardiola ha prometido que el nuevo proyecto se presentará “en tiempo y forma” y apela a que la formación ultra priorice a los extremeños. Esta semana, Vox ya ha empezado a enseñar sus cartas exigiendo la rebaja de la ecotasa a la central nuclear de Almaraz, unos 80 millones de euros al año. Si al final no hay acuerdo y se convocan elecciones, las últimas encuestas muestran que el PP seguiría necesitando el apoyo de Vox para gobernar.
Por su parte, el aragonés Jorge Azcón se ha mostrado “convencido” en sacar adelante unos presupuestos “históricos” que rondarían los 9.000 millones de euros. Su intención inicial era presentar a finales de mes el techo de gasto en las Cortes, paso previo al debate de las cuentas, pero al final ha reculado a la espera de que primero se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera para conocer “las reglas del juego”.
Desde Vox ya le han dejado claro que tendrá complicado contar con su apoyo, tal y como quedó certificado esta semana en el Debate sobre el Estado de la Comunidad. “El PP es una estafa”, declaró el líder ultra, Alejandro Nolasco, que volvió a condicionar su sí al rechazo al Pacto Verde, la limpieza del cauce de los ríos –una competencia estatal- o la negativa a acoger menores migrantes no acompañados. Nadie quiso romper puentes, pero la tensión era máxima. “No va a ser nada fácil”, reconocen fuentes populares ante este panorama.
En la recámara, una convocatoria de elecciones que ahora dicen no plantearse, pero que, de materializarse, no respondería a la iniciativa de Feijóo sino más bien a factores locales. Según las últimas encuestas, el PP aragonés rozaría la mayoría absoluta, lo que podría liberarle de Vox con el apoyo de otros partidos, caso de Teruel Existe. “Estamos preparados para un adelanto electoral”, le retó el jueves la secretaria general del PSOE aragonés, Pilar Alegría, pese a que las encuestas no le auguran buenos resultados.
Vuelta a la mesa de negociaciones
Hace pocos meses que los gobiernos populares en minoría de Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares aprobaran, cesiones mediante, las cuentas de este año con Vox. Aún así, el Consell valenciano ya ha recalcado su intención de presentar nuevos presupuestos para el próximo año. “Se está trabajando en ello”, confirmó hace una semana su vicepresidenta, Susana Camarero. También el Govern balear está en ese trance, aunque ha endurecido su posición y lanzado una advertencia a Vox: si plantean exigencias que traspasen “líneas rojas” y complican las negociaciones, optarán por prorrogar las cuentas. “Tenemos voluntad de llegar a acuerdos. Pero si no lo conseguimos, gestionaremos unos presupuestos prorrogados”, dijo su vicepresidente, Antoni Costa.
