Tras haber aprobado tres presupuestos generales del Estado consecutivos “en tiempo y forma” durante la anterior legislatura, el Gobierno asume ya el retraso en la presentación de unas nuevas cuentas públicas para el año que viene –que serían las primeras del actual mandato de Pedro Sánchez, pese a que ya superó su ecuador en el calendario– debido a la falta de apoyos parlamentarios.
Ayer acabó septiembre, y, en consecuencia, concluyó el plazo límite que la Constitución impone al Ejecutivo para que presente en el Congreso de los Diputados un nuevo proyecto de presupuestos tres meses antes de que expiren los vigentes, que permanecen prorrogados desde el año 2023. Pedro Sánchez se comprometió a registrar unas nuevas cuentas públicas para el 2026, pero en el Gobierno ya reconocen que la falta de respaldo parlamentario obliga a “alargar los plazos”, sin poner aún la mano en el fuego por ninguna fecha de presentación.
Todo apunta a que, salvo un inesperado milagro o un imprevisto giro de los acontecimientos, el 1 de enero del 2026 volverán a prorrogarse automáticamente, y por tercera vez, los presupuestos en vigor –elaborados por el anterior ejecutivo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos–, al menos en espera de que se puedan aprobar unas nuevas cuentas, como también dicta la Constitución.
El diputado de la Chunta, coaligado en Sumar, pide elecciones si Sánchez no saca adelante las cuentas
La reunión ordinaria que ayer celebró el Consejo de Ministros, de hecho, ni siquiera aprobó aún una nueva propuesta de objetivos de estabilidad y techo de gasto, que son los que deben enmarcar el proyecto de presupuestos, pese a que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, insiste en que los presentará a la mayor brevedad posible.
Esta senda de déficit presupuestario –con el reparto de objetivos entre las tres administraciones, la estatal, la autonómica y la municipal– deberá además someterse a votación tanto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera como en el Congreso, antes de que el Consejo de Ministros pueda aprobar el nuevo proyecto y remitirlo al Parlamento. Cabe recordar que, el año pasado, Junts per Catalunya, junto al PP y Vox, ya tumbó los objetivos fiscales que propuso el Ejecutivo.
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, vinculó ayer la demora en la tramitación presupuestaria a la “complejidad parlamentaria”, es decir, a la falta de apoyos de una mayoría suficiente para impulsar la iniciativa, singularmente por parte de Junts y de Podemos. “Esto te lleva a tener que alargar los plazos”, alegó Alegría. Con una mayoría absoluta, señaló, todo podría ir mucho más rápido. Pero en la situación de minoría parlamentaria del Ejecutivo, “los plazos tienden a alargarse”.
La portavoz del Ejecutivo reconoce que su minoría en el Congreso obliga a “alargar los plazos”
“La intención y el interés del Gobierno sigue siendo presentar unos nuevos presupuestos lo antes posible”, resaltó no obstante Alegría, para cumplir con el compromiso de Sánchez.
Y, entre tanto, en la Moncloa recalcan que ya se están produciendo contactos y conversaciones con los grupos parlamentarios al respecto, pero por ahora nadie se atreve a apuntar un calendario aproximado. “Si se diera un milagro, se podría correr mucho”, confían.
Las prisas socialistas, sin embargo, chocan con las escasas expectativas que se respiran entre algunos socios de la investidura. Aunque los contactos con el PNV, EH Bildu, ERC o el BNG ya se han puesto en marcha, de momento se limitan a “conversaciones preliminares” que apenas han servido para fijar el terreno sobre el que negociar. En varios de esos partidos se insiste en que cualquier acuerdo debe pasar por recuperar leyes que llevan meses encalladas o por garantizar la ejecución de compromisos adquiridos en ejercicios anteriores.
Ese pesimismo en torno a la tramitación de las cuentas del 2026 aflora incluso en Sumar, socio de Gobierno del PSOE. El diputado de la Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, se desmarcó ayer del discurso oficialista de los de Yolanda Díaz para deslizar que Sánchez debería plantearse la convocatoria de elecciones si finalmente no logra sacar adelante unos nuevos presupuestos. “Aguantar por aguantar ya no sirve”, afirmó ni más ni menos que desde la sala de prensa del Congreso.
La voz discordante de Pueyo, sin embargo, fue la única en Sumar. El diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, pidió “no generar alarma” y recordó que, aunque los presupuestos son una herramienta clave, sin ellos también se puede gobernar, aunque “de manera menos fina”. Y en una línea similar, la portavoz de Más Madrid, Tesh Sidi, defendió la necesidad de presentar unas nuevas cuentas, pero subrayó la importancia de ejecutar con eficiencia el actual techo de gasto.
Izquierda Unida, por su parte, defiende la celebración del debate presupuestario para “dejar en evidencia qué grupos respaldan al Gobierno y cuáles trabajan por su derrumbe”.
