Catalunya da un paso más hacia el nuevo sistema de financiación. El Parlament ha avalado este miércoles el decreto del Govern que reforma la Agència Tributària de Catalunya para adaptarla a la financiación singular con el objetivo de que asuma progresivamente las competencias de gestión del IRPF. La norma, que busca muscular y redimensionar la hacienda catalana, ha contado con el respaldo de los partidos de izquierdas de la Cámara: a la alianza del PSC, Esquerra Republicana y los Comuns se ha sumado la CUP. Por su parte, Junts per Catalunya se ha abstenido; mientras que el PP, Vox y Aliança Catalana han rechazado el decreto.
El texto convalidado introduce cambios en el libro segundo del Código Tributario de Catalunya para dotar a la ATC de un mayor grado de autonomía. Además, contempla que se haga un contrato programa como instrumento de gobernanza y la creación de dos nuevos cuerpos (el Cos d'Agents Tributaris y el Cos Superior d'Informàtica Tributària). La incorporación de este personal tiene que permitir que se cuente con “perfiles profesionales ajustados a las necesidades reales de la agencia”.
La consellera de Economia i Hisenda, Alícia Romero, ha defendido “adaptar la ATC como instrumento central de la hacienda catalana” y ha reivindicado la necesidad de un nuevo sistema de financiación porque “está caducado desde el 2014”. Romero ha remarcado que el objetivo es empezar por el IRPF -con la mirada puesta en el 2028- y, paulatinamente, ir asumiendo otros tributos. No obstante, pese al decreto, ha querido subrayar que serán imprescindibles cambios legislativos en el Congreso para conseguirlo. De ahí la proposición de ley que registró Esquerra Republicana en la Cámara Baja hace unas semanas. Y la consellera Romero les ha lanzado un guiño al manifestar que espera que estas modificaciones lleguen “cuanto antes mejor”.
Desde ERC, el diputado Albert Salvadó ha celebrado este “primer paso” para caminar hacia la financiación singular y la recaudación fiscal íntegra, pero ha advertido a los socialistas que tendrán “muy difícil poder gobernar” si no hay “más concreción” en la propuesta de modelo de financiación ni si no se sustancia los cambios en la LOFCA, la ley de financiación autonómica y la ley de cesión de tributos que los republicanos promueven en el Congreso.
Por parte de Comuns y la CUP, tanto David Cid como Laure Vega han coincidido en que “todo avance competencial es bueno”. La diputada de los anticapitalistas, eso sí, ha hecho un llamamiento a no conformarse con estas medidas y a seguir luchando por conseguir la “competencia plena”: “Es importante que podamos decidir sobre nuestros impuestos, no basta con la gestión”.
Por lo que atañe a Junts, el parlamentario Toni Castellà ha calificado de “broma” este “parche” del Govern y ha lamentado que sigue sin haber “ninguna concreción sobre la mejora de la financiación”. A juicio del posconvergente, lo que ha ocurrido es que “Esquerra se ha enfadado, y les doy la razón, porque les han tomado el pelo” y que por ello se ha hecho este decreto “corriendo”. En esta línea, ha hecho una metáfora: “Han llevado el coche a cambiar las ruedas y el motor, pero no tiene gasolina”. En opinión de Castellà, el Executiu vive en una “agonía” porque “no tiene presupuesto ni financiación” y ha defendido el concierto económico como salida.
El PP y Vox lo han calificado de “nueva cesión al independentismo y separatismo” y los populares han cargado contra la “inseguridad jurídica” que supone, desde su punto de vista, este decreto. De hecho, el grupo encabezado por Alejandro Fernández ha dejado la puerta abierta a llevar el texto ante el Tribunal Constitucional. Sílvia Orriols, de Aliança Catalana, se ha desmarcado de la iniciativa porque lo considera un “juguete envenenado” y ha destacado que, con independencia de lo aprobado, la cuestión seguirá “dependiendo de Madrid”, por lo que alberga poca esperanza en que se concrete una nueva financiación.
En cuanto a la autonomía que le da esta norma con rango de ley a la Agència Tributària, el órgano tendrá plenas facultades para diseñar su estructura organizativa y para gestionar su plantilla. Se prevé también el despliegue de servicios centrales y territoriales y, mediante el contrato programa, que se pueda fijar las “líneas estratégicas, objetivos, indicadores de seguimiento, recursos financieros asignados y las actividades” del ente.
El Govern logra la convalidación de otros dos decretos
Además del decreto de refuerzo de la hacienda catalana, el Govern ha conseguido que la Cámara catalana convalidara otros dos decretos. El primero permite ampliar el plazo en un año para que las residencias acrediten poder tener plazas públicas. La medida ha contado con el respaldo de todos los grupos, con la excepción de Vox y la CUP, que se han abstenido. La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez, ha manifestado que ahora las entidades y empresas del ámbito social dispondrán de plazo hasta octubre del 2026 para demostrar que cumplen con los criterios de calidad que requiere formar parte de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública.
El segundo regula el procedimiento de comprobación de la viabilidad de la gestión del riesgo de inundación de los campings a través de una comisión técnica, que se encargará de definir aquellos que pueden estar afectados por esta circunstancia. Todos los partidos han avalado el decreto, pero la CUP se ha abstenido y Vox ha votado en contra. Cabe recordar que esta norma substituye a la que el Executiu pidió retirar en el pleno del 9 de abril porque iba a decaer ante la falta de apoyo de Esquerra Republicana.