La Audiencia de Barcelona ha imputado a tres directivos de la empresa israelí NSO Group, propietaria del programa Pegasus, aplicación que se utilizó para espiar a varias personalidades independentistas. Los tres ya fueron citados como investigados por el espionaje a Andreu Van den Eynde, abogado de Oriol Junqueras. Ahora, se les imputa por el espionaje a dos dirigentes de Esquerra Republicana, Josep Maria Jové y Diana Riba.
Ambos han destacado este miércoles en una rueda de prensa en el Parlament la “importancia” de este paso, porque es “la primera vez que se imputa a estos tres directivos por una causa que afecta a políticos”. Hasta la fecha, han señalado, solo había ocurrido en querellas que habían presentado abogados o activistas. Para Jové, presidente del grupo de ERC en la Cámara catalana, es un paso “muy relevante” para que “el Catalangate se pueda internacionalizar definitivamente”.
Con ello, el republicano ha recordado que ahora España tiene una suerte de “afrenta” con Israel y que el Gobierno ha expuesto que ya no trabajará más con Pegasus. Por ello, Josep Maria Jové cree que es un “buen momento” para que el Ejecutivo español desclasifique más documentos sobre el espionaje a diferentes personalidades del independentismo. El Consejo de Ministros desclasificó en enero de 2024 la información sobre el espionaje que afectó en 2020 al expresident de la Generalitat, Pere Aragonès. Ahora, los republicanos piden más.
Jové también ha recordado que el Defensor del Pueblo recomendó cambiar las leyes que atañen al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la de secretos oficiales. El político de la formación republicana ha demandado, pues, que se hagan estos cambios legislativos. Además, ha considerado que “están poniendo en un grave problema” a la exdirectora del CNI, Paz Esteban, imputada cuatro veces por el espionaje al independentismo: “Dice que no puede hablar porque el Consejo de Ministros no la autoriza. Suponemos que cuando vaya a juicio, será ella misma quien pida desclasificar documentos, porque sino no se podrá defender”.
La eurodiputada Diana Riba ha señalado que convendría crear una comisión de investigación sobre Pegasus en el Congreso, algo que ha recordado que ya se ha producido en el Parlament y en la Eurocámara. Además, ha afirmado que, en las conclusiones del Parlamento Europeo, “se va tarde” porque se pidió “legislar sobre el uso de estos programas de espionaje” y también se solicitaron “investigaciones exhaustivas de casos abiertos y ayudas para las personas que han sido víctimas de espionaje”.
Joan Ignasi Elena, portavoz en materia antirrepresiva de Esquerra Republicana, ha insistido en la desclasificación de documentos para que “deje de haber obstáculos sobre el qué y el quién”. “La gravedad de los hechos es extraordinaria, mina de una forma sutil e imperceptible las bases de la libertad y la democracia”, ha afirmado. Elena ha apelado a “romper la obstaculización permanente de la verdad” y ha argumentado que “una democracia que se quiera avanzada tiene que se la primera interesada en que esto se aclare”. En esta línea, ha pedido al Gobierno ir “más allá de las proclamas” y que demuestre “con hechos si tiene una voluntad cierta, firme y decidida de revertir esta situación”.