El Parlament de Catalunya ha aprobado este miércoles la creación de una comisión de estudio sobre el fascismo, el racismo y los discursos de odio. La iniciativa, registrada conjuntamente por el PSC, Junts, Esquerra Republicana, los Comuns y la CUP -se habían conjurado a crearla en el último debate de política general-, plantea trabajar en un Pacte nacional contra estos movimientos totalitarios y autoritarios. Además, el órgano creado analizará y promoverá “mecanismos y herramientas para combatirlos de forma eficaz, tanto en la prevención como en la reparación”. El PP, Vox y Aliança Catalana han rechazado el impulso de dicha comisión y han acusado a los cinco grupos que la han incentivado de promover un “tribunal político” y de querer “censurar voces disidentes”.
Los grupos que han propuesto la comisión de estudio han coincidido en que los discursos de odio han pasado de ser “marginales a una constante” en los últimos años. La portavoz del PSC, Elena Díaz, ha afirmado que el Parlament tiene la “obligación ética y democrática de actuar”: “Este es un espacio en el que caben todas las ideas, pero no todos los discursos. Todas las ideas democráticas merecen ser discutidas, pero los discursos de odio no merecen altavoz ni impunidad”. Para la socialista, “la libertad de expresión, como todo derecho, tiene límites, que son el respeto a la dignidad de las personas y a los derechos humanos”.
Díaz ha señalado que es la extrema derecha quien recurre a los discursos de odio para “fabricar culpables, dividir la sociedad y crear miedo”. “Lo usan como estrategia electoral porque una ciudadanía atemorizada es más fácil de manipular, y el problema es que el odio es la antesala de la violencia”, ha subrayado. Ante las acusaciones de “censura” por parte de Vox y Aliança, los socialistas han dicho que son medidas para “proteger y fortalecer la democracia”.
En términos similares se ha expresado Tània Verge, de Esquerra Republicana. La exconsellera ha defendido la necesidad de la comisión ante esta “ofensiva global” de “fascismo, racismo y antifeminismo”. Verge ha destacado que “no basta con condenar el odio, sino que debemos entender qué lo alimenta y cuáles son las estructuras que lo hacen posible”. La parlamentaria republicana ha instado a “no tolerar la intolerancia” porque “cuando se deshumaniza al adversario político, se erosiona la libertad y se abona el terreno del autoritarismo”.
Andrés García Berrio, de Comuns, ha celebrado que se constituya este órgano parlamentario para “delimitar bien” lo que es un discurso de odio y poder trabajar en “herramientas y políticas” que hagan frente a una “amenaza real y presente que golpea la vida de muchas personas”. El diputado de la CUP, Xavi Pellicer, ha compartido este diagnóstico y ha apuntado que en Catalunya ha tardado en penetrar la extrema derecha, entre otras razones, porque “el proceso de liberación nacional lo tapó y las frustraciones posteriores han conducido hasta aquí”.
Desde Junts, el diputado Francesc de Dalmases ha remarcado que su partido estará “siempre” en el “combate contra el odio y el racismo”, así como en la “denuncia de aquellos que usan el populismo y el fascismo con intereses partidistas”. Sin embargo, ha tomado algo de distancia con el enfoque de la comisión respecto al resto de grupos que la han propuesto. En opinión del posconvergente, también ha apelado a abordar la catalanofobia como uno de los discursos de odio que opera en Catalunya. Dalmases ha puesto como ejemplo el discurso del rey Felipe VI el 3 de octubre de 2027 como muestra de “odio”, y ha lamentado que “algunos analistas no reparen en ello” en casos como este.
Por su parte, el PP, Vox y Aliança Catalana han coincidido en la “hipocresía” que estos cinco partidos sean los que definan qué es un delito de odio y han bautizado esta comisión como un “tribunal político”. El popular Juan Fernández ha reprochado que “se monte” este órgano y “se viva de espaldas a los problemas reales de los catalanes”. A su juicio, la propuesta “no va de libertad, sino de imponer un discurso oficial y hacer callar a aquellos que dicen lo que no les gusta”. En esta línea, ha destacado que será una “herramienta para demonizar” y ha criticado que “se hable de extrema derecha pero no de extrema izquierda”.
Júlia Calvet, de Vox, ha acusado a los proponentes de “erosionar la libertad” y querer convertir el Parlament en una “sala judicial” en la que estos partidos sean “acusación y jueces al mismo tiempo”. “Tienen miedo a perder el poder y por esto promueven este control social. Usan la censura como arma política, que es la que acabó con Charlie Kirk”, ha aseverado.
Por último, Sílvia Orriols ha sostenido que el objeto de la comisión es “crear un relato político que les permita justificar la censura, la persecución ideológica y la deshumanización de la oposición a la que no saben cómo combatir”. Según la líder de Aliança Catalana, “cuando se crean instrumentos para vigilar ideas, acaban siendo utilizados contra todo el mundo”, algo que ve “repugnante”. Orriols ha interpelado a Junts y ha calificado de “triste” que sea “inseparable de la extrema izquierda”. Ante ello, ha avisado: “Estoy aquí para aprovechar sus errores”.