El juez Juan Carlos Peinado acaba de enviar a jurado otra pieza contra Begoña Gómez, así como al empresario Carlos Barrabés y a la asesora de la primera, Cristina Álvarez, por varios delitos, entre ellos el de tráfico de influencias, que se suma a la primera pieza por malversación. Todos ellos están citados para el próximo día 6.
En un auto, al que ha tenido acceso La Vanguardia, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid transforma otra de las piezas por las que se investiga a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a un proceso de ley del tribunal de jurado, como ya hizo con el de malversación.
En este caso, además del delito de tráfico de influencias incluye el de corrupción en el sector privado, apropiación indebida e intrusismo. Les cita para el próximo lunes y les advierte que en esta ocasión tendrán que acudir “necesariamente” acompañados de sus letrados.
En la otra pieza que ha enviado al jurado por malversación, por la contratación a través de Presidencia del Gobierno de una asesora para Gómez, los tres investigados optaron por no acudir a la comparecencia, enviando a sus abogados como representantes legales.
El instructor ha adoptado esta resolución tras recibir, por parte de la Fiscalía Europea, un informe de la Intervención General del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, en el que se recogen posibles irregularidades en el proceso de adjudicación de varios contratos al empresario Barrabés por parte de Red.es. Para que se tuviera en cuenta en la valoración para la adjudicación, Barrabés presentó varias cartas de recomendación de empresas y fundaciones, y una de ellas fue del máster que codirigía Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
Peinado ha incluido en esta misma pieza las gestiones de Gómez y su asesora con la UCM para la puesta en funcionamiento de la cátedra extraordinaria y su financiación; la creación de un software, y el apoyo de la mujer de Sánchez a Barrabés para obtener adjudicaciones públicas. Esta resolución puede ser recurrida ante el propio juez y ante la Audiencia Provincial de Madrid.
