La propuesta de Pedro Sánchez de incluir el derecho al aborto en la Constitución se ha quedado sin recorrido. El PP ha rechazado la idea del presidente del Gobierno ya que considera que está buscando un “tema” con “el que distraer la atención” de los problemas judiciales que tiene su entorno por presuntos delitos de corrupción.
En este sentido, los populares señalan que, para reformar la Constitución, es “imprescindible” contar con su apoyo ya que se requieren mayorías muy amplias. De hecho, hay dos procedimientos para reformar la Constitución: si se reforman aspectos de los derechos fundamentales consagrados en el Título I, se requiere de 234 diputados de los 350 que hay en el Congreso. Si no, con 210 diputados es suficiente.
En cualquier caso, el concurso del PP es esencial porque la mayoría del bloque de la investidura solo tiene ahora 178 diputados. Fuentes populares señalan que la “opción de abortar ya está permitida y regulada en España, además de avalada por una sentencia firme del Tribunal Constitucional”.
De hecho, en el PP recuerdan que el PSOE, hace solo un año y siete meses (el 8 de marzo de 2024), rechazaba seguir el camino de Francia de incorporar el derecho al aborto en la Constitución porque “no se dan las condiciones” para las mayorías.
“Que Pedro Sánchez se olvide de contar con nosotros para reformar un texto que está incumpliendo, entre otras cosas, al no presentar los Presupuestos generales del Estado por tercer año consecutivo”, señalan fuentes del PP, que enumeran los problemas judiciales del entorno del presidente, como “las 33 cuentas corrientes de su Director General de Carreteras, los cinco delitos por los que podría ser juzgada su mujer, el procesamiento de su hermano y de su Fiscal General del Estado, el encarcelamiento de su número dos en el PSOE...”.
“No le vamos a ayudar en esa estrategia y por tanto el debate termina aquí”, ahondan las mismas fuentes, que creen que la izquierda está reabriendo “debates ideológicos para tapar su falta de gestión y la corrupción de sus gobernantes”. “Y menos cuando en su escalada de irresponsabilidad ha desprotegido a las mujeres más vulnerables, a las que sufren la lacra de la violencia machista”, añaden, en referencia a la polémica por la gestión de las pulseras que deben vigilar que los maltratadores cumplen con las órdenes de alejamiento.