El Parlamento Europeo ha aprobado a propuesta del PP enviar a España a principios del próximo año una misión de eurodiputados que analizará el marco anticorrupción, la situación de la Fiscalía, la reforma del modelo de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y los asuntos planteados por diversas asociaciones de jueces en relación con reformas en el ámbito de la justicia promovidas por el Gobierno, según ha informado el presidente de la Comisión de Libertades, Justicia e Interior (LIBE) de la Eurocámara, el popular Javier Zarzalejos.
Según explicó Zarzalejos, el Grupo de Seguimiento del Estado de Derecho de la comisión que preside ha analizado diversas reformas legislativas llevadas a cabo por el Gobierno que, a su juicio, han resultado producir “un peor marco jurídico de lucha contra la corrupción, en menos garantías para la independencia judicial y en una situación que realmente no se corresponde con un país que debería ser puntero en el respeto estricto a los condicionamientos y a las exigencias del Estado de derecho”. Ante ello, la comisión LIBE aprobó enviar una misión a España, que se desplazará a Madrid en los primeros meses del próximo año para evaluar «in situ» la situación y recabar voces de todas las partes interesadas.
“El Estado de derecho no es una cuestión interna: es una cuestión de interés europeo. El Tratado de la Unión así lo establece, y nosotros cumplimos nuestro deber, sabiendo que el Estado de derecho es un elemento central, nuclear, esencial y fundamental en la construcción europea”, indicó el eurodiputado.
La misión buscará clarificar puntos sensibles como los mecanismos de control del poder judicial, la aplicación de reformas legislativas recientes, las denuncias de interferencias políticas y casos de corrupción que amenazan la calidad de la democracia española.
Los eurodiputados que viajen a Madrid también prestarán especial atención a la reforma impulsada por el ministro Félix Bolaños, que afecta a la carrera judicial y fiscal y al Estatuto del Ministerio Fiscal. La reforma introduce cambios en el acceso y la estabilización de interinos y modifica el Estatuto del Ministerio Fiscal que, a juicio del PP, no garantizan autonomía real y facilitan la politización de la justicia.
