El 4 de marzo del año pasado Francia hizo historia al convertirse en el primer país del mundo, y todavía el único, que otorga rango constitucional al derecho de las mujeres a abortar, algo que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere emular en España.
Ningún otro país ha hecho este paso aunque varios protegen el acceso al aborto por ley o por fallos de sus más altos tribunales, pero sin una mención explícita en sus textos constitucionales. Es el caso de España, Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Suecia, Italia, México, Argentina y Colombia, entre otros.
En el caso francés, donde el derecho al aborto existe desde 1975, la conocida “ley Simone Veil”, en honor de quien fue ministra de Justicia con Valéry Giscard d’Estaing, las dos cámaras del Parlamento francés aprobaron aquel 4 de marzo en una rara demostración de unidad y transversalidad por abrumadora mayoría –780 votos a favor, 72 en contra y 50 abstenciones– enmendar la Constitución para blindar el derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo.
La decisión se tomó en una sesión conjunta extraordinaria de la Asamblea Nacional y el Senado, en el palacio de Versalles, donde se adoptan todas las revisiones constitucionales desde que inició su andadura la V República, en 1958.
Los 925 diputados y senadores –ese órgano conjunto se denomina Congreso- habían sido convocados por el presidente Emmanuel Macron, que no estuvo presente como muestra de respeto a la división de poderes. La enmienda en la Constitución requería una mayoría de tres quintos de los parlamentarios, un umbral que sabía garantizado porque ya las dos cámaras lo alcanzaron con holgura cuando votaron el texto.
La modificación constitucional fue muy breve, pero esencial, pues blinda el derecho y hace muy difícil que un Gobierno contrario al aborto pudiera decidir en el futuro declararlo ilegal. “La ley determina las condiciones en las cuales se ejerce la libertad garantizada a la mujer de recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo”, dice el texto añadido al artículo 34 de la Constitución.