En julio, la Comunidad de Madrid convirtió a Cantabria en un territorio políticamente muy singular. La aprobación de la ley madrileña que regula la figura de expresidente autonómico dejó a la región norteña como único suelo en el que sus ex jefes de gobierno, legalmente, no existen. Pueden seguir en la política, ocupando un escaño o en su partido. Pero la figura de expresidente de Cantabria es un cargo moral. A lo sumo.
Cantabria y ciudades autónomas al margen, las diferentes leyes que regulan el estatus del expresidente autonómico tienen en común el reconocimiento protocolario y se diferencian en el tratamiento económico y político. Catalunya, por ejemplo, otorga a los expresidents el 80% del sueldo del president en ejercicio (por un tiempo, eso sí, limitado) y el derecho a una pensión vitalicia a partir de los 65 años “igual al 60% de la retribución mensual que corresponde al ejercicio del cargo de presidente de la Generalitat”.
Los expresidentes de Madrid tienen derecho a un pago por 24 meses idéntico “al establecido para los ministros”
Este modelo de retiro, por cierto, es idéntico al andaluz, que también legisla una pensión a partir de los 65 años equivalente al 60% de lo que cobre el jefe de gobierno de la Junta. Los exlehendakaris también ven reconocida su jubilación. El Gobierno vasco, a partir de los 65, les complementa su pensión hasta que equivalga a la mitad de lo que gana su sucesor en el cargo. Mientras, La Rioja paga a sus exmandatarios el equivalente a 45 días por año trabajado, hasta un máximo de cuatro años.
Los exmandatarios extremeños también reciben una pensión, llamada en este caso asignación, para la que no hay que esperar a la jubilación y que equivale al 80% del sueldo del presidente en ejercicio. En Navarra obligan a los expresidentes a sacar la calculadora. La ley otorga desde su cese a los expresidentes forales una prestación “cuya cuantía será igual a la doceava parte del 80 por 100 del total anual de las retribuciones que estuvieran percibiendo en el momento del cese”, dice la Ley.
Galicia, por su parte, compensa a los expresidentes de la Xunta durante dos años con el 60% del salario que reciba el presidente en ejercicio. La reciente regulación en la Comunidad de Madrid ha optado también por la compensación para los 24 meses posteriores a dejar cargo. Lo original es la manera de calcular la cuantía. Los ex jefes de gobierno madrileños tienen derecho a recibir un pago mensual idéntico al establecido para los ministros en la normativa estatal tras abandonar el cargo.
En un término medio se sitúan Aragón y el Principado de Asturias, que otorgan a su ex jefes de gobierno medios materiales —oficina, coche, seguridad…— para dignificar su cargo.
A partir de ahí, las compensaciones que ofrecen el resto de las autonomías son honoríficas, de protocolo y trato, aunque en algunas hay retribuciones no regulares. Por ejemplo, las dietas y reconocimientos asignados a los consejos consultivos de expresidentes, que, con distintas regulaciones, nombres y formas, ocupan a los políticos que han sido presidentes de Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Comunitat Valenciana. Este organismo también existe en Galicia y Andalucía, pero no en Baleares y la Región de Murcia, cuyas legislaciones reconocen a los expresidentes un título —excelencia en el caso de Murcia, Molt Honorable, en el caso de las islas— y las atenciones “honoríficas y protocolarias” asociadas al tratamiento.
¿Y Cantabria? Ni eso. Hasta los honores mínimos de los exmandatarios murcianos y baleares se derivan de un texto legal que en Santander no existe. El Ejecutivo cántabro no planea regular esta figura ni establecer un consejo de expresidentes, fórmula secundaria para dar lustre al cargo. El honor protocolario queda, en todo caso, en manos de la cordialidad del gobierno de turno. A efectos de la ley, un expresidente cántabro es apenas un ciudadano. Ni más, ni menos.
