La inmigración va camino de convertirse en el tema estrella de la contienda política. Después de un verano atravesado por una oleada de xenofobia que tuvo su pico en los sucesos de Torre Pacheco, el PP y Vox se disputan ser la punta de lanza contra la política migratoria del Gobierno, en un momento en el que, precisamente, las entradas irregulares caen (-35,1%) como hace años que no lo hacían. Una disputa por uno de los temas que más preocupan a los ciudadanos en un terreno en el que los bulos corren como la pólvora y se mezclan con propuesta populistas muy difíciles de materializar.
La compleja cifra de irregulares
Según el dato más actualizado del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a 30 de junio del 2025 había 7.371.577 personas extranjeras con la documentación de residencia en vigor, un 4,9% más que hace un año. Esa es la cifra que podría proporcionar la fotografía más realista de la dimensión de la población inmigrante en España. Sin embargo, a esos 7,3 millones hay que sumar otra cifra que, por su naturaleza, es imposible de concretar: el número de personas que se encuentran malviviendo en la clandestinidad. Fuentes oficiales no se atreven a dar ningún número, pero tampoco desmienten las cifras de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), que estima que el número de extranjeros residentes en España en situación administrativa irregular podría situarse entorno a los 700.000.
No existe la “invasión” del sur
Uno de los mantras más repetidos por la extrema derecha es la supuesta “invasión” de inmigrantes por la frontera sur, ya sea con cayucos por la ruta canaria o balear –en descenso la primera, al alza la segunda– o a través de Ceuta o Melilla. Pero lo cierto es que en España las entradas irregulares, que no “ilegales” porque no suponen ningún delito, representan una ínfima parte de la inmigración, que mayoritariamente accede al país por vías regulares. Según las cifras facilitadas por el Gobierno a La Vanguardia , el 94% de los inmigrantes –con permisos de residencia, en trámites de conseguirlos o simpapeles– entraron en el país por aeropuertos con visados o sin ellos (para la gran mayoría de países latinoamericanos no se exigen) pero, tras cumplir el periodo máximo de estancia, se han quedado en España.
Un visado que choca con la ley
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, anunció el pasado domingo que si llega al Gobierno aprobará un visado por puntos para inmigrantes, que estará condicionado a la cobertura de puestos de trabajo donde falta mano de obra o a favorecer a los países con una cultura más próxima. Esto, de entrada, choca con la legislación vigente. A falta de conocer la letra pequeña de esta medida, que fue propuesta ya en el 2008 por el también popular Mariano Rajoy aunque finalmente no materializó, si se tratase de un visado, es decir que solo sirviera en el acceso fronterizo, entraría en colisión con el tratado comunitario de Schengen, que permite la libre circulación sin controles en los 29 países europeos, más Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein.
En el caso de que el líder del PP estuviese llamando visados a los permisos de residencia y trabajo su medida, según con qué criterios se implementara, podría estar incumpliendo un principio de igualdad si estableciera inmigrantes de primera y de segunda, lo que difícilmente tendría encaje constitucional.
¿Expulsar a dónde?
En el 2024 el Gobierno logró la repatriación forzosa de 3.286 personas –entre devoluciones (363), generalmente por entradas irregulares, y expulsiones (2.963), principalmente por estancia irregular o comisión de delitos–. Se trata de una cifra realmente baja, según fuentes policiales, con respecto a todas las aperturas de expedientes de expulsión que se realizan cada año: una cifra que el Ministerio del Interior se encarga de ocultar desde el 2021. ¿Dónde está la principal traba? En los países de origen, que dificultan las devoluciones de sus compatriotas. El Gobierno fleta vuelos de deportaciones con mucho sigilo para no levantar ampollas en los países de destino. La oposición promete el aumento de expulsiones. Lo que no concreta es la fórmula para convencer a los países para aceptar más repatriaciones.
300.000 ‘papeles’ al año
La última reforma del Reglamento de Extranjería, impulsada por la ministra Elma Saiz, prevé regularizar a un ritmo de 300.000 personas por año, gracias al nuevo texto que, en líneas generales, reduce los plazos para acceder a los permisos de residencia y trabajo, permite renovaciones con una mayor duración, suprime algunos requisitos y facilita la inserción la laboral. La fórmula más común para acceder a ellos es la de la autorización por arraigo. A 30 de junio del 2025, el número de personas extranjeras con una autorización de residencia por este motivo en vigor es de 352.089, un 23,0% más que hace un año. El arraigo familiar es el predominante y supone el 67% (234.798) del total de personas con autorización por arraigo. Seguido del arraigo por formación (20%; 69.849) y del social (43.636; 12%). Las nacionalidades con permisos por esta vía más frecuentes son la colombiana, la marroquí y la peruana.
¿Por qué no de golpe?
El Gobierno no ve nada claro, a día de hoy, la aprobación de una regularización masiva de inmigrantes, como propone la iniciativa legislativa popular (ILP) que llegó al Congreso de los Diputados el pasado año con el aval de un centenar de asociaciones y oenegés; algunas tan próximas a la Iglesia como Cáritas. El texto no avanza por las diferencias entre los aliados del Gobierno. Sin embargo, el Ejecutivo tiene en su mano la llave para aprobarla a través de un Real Decreto –que no requiere la convalidación–, como piden desde Sumar. Así se hizo en el 2005 con José Luis Rodríguez Zapatero llegado a la Moncloa apenas un año antes. En aquella regularización extraordinaria, la más numerosa hasta la fecha, se presentaron 691.655 solicitudes y se resolvieron favorablemente un 81,7%: 565.121 personas salieron de la clandestinidad. Fuentes ministeriales dudan de su aprobación. En realidad, con la reforma del Reglamento de Extranjería, mucho menos ruidosa que la regularización masiva, se prevé que 900.000 personas en tres años obtengan los papeles.
El supuesto fraude electoral
Otro de los bulos que suele correr en las redes, alentados por la ultraderecha, es que el Gobierno está regularizando migrantes de manera masiva para ganarse el voto de esa población que obtiene los papeles. Ni la ILP ni la regularización por arraigo conlleva la concesión de la nacionalidad. Pero no, las personas que están siendo regularizadas, a buen ritmo, por arraigo no obtienen con ello el derecho a voto en los comicios generales o autonómicos (eso requeriría cambiar el Código Civil). Sí, en las elecciones locales para ciudadanos de países europeos y latinoamericanos como Chile o Colombia.
El bulo del IMV
A principios de semana corrió un bulo, a raíz de una noticia publicada en un medio de comunicación, sobre la prohibición al acceso al ingreso mínimo vital (IMV) a los inmigrantes sin permiso legal de residencia, que lanzaría el líder del PP. La medida no fue interpretada de forma correcta. Actualmente, esta prestación ya deja fuera a los migrantes irregulares. Una de las exigencias es la residencia “legal y efectiva” desde, al menos, un año antes, de presentar la solicitud. Según Inclusión, el 80% de los beneficiarios del IMV son españoles.
Más Frontex, más Armada
PP y Vox también tienen entre sus fórmulas para contener la inmigración irregular una mayor presencia de buques en el mar con el fin de contener los cayucos que, sobre todo, siguen llegando a Canarias desde Mauritania. Los de Feijóo apuestan por un mayor despliegue de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, conocida como Frontex, mientras que los de Abascal se inclinan por la Armada. Ambas recetas chocan con la realidad. Frontex solo se puede desplegar en países europeos, como lo está en Canarias, pero lo único que puede hacer son tareas de auxilio. Lo conveniente sería una mayor presencia de Frontex en África para disuadir la salidas, pero para eso es necesario el acuerdo con los terceros países. Y en el caso de la Armada, ya lo dejó claro hace días su jefe: “Que nadie piense que vamos a estar combatiendo en la mar la inmigración”.
