Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a evitar acudir esta tarde a los madrileños juzgados de Plaza de Castilla para que el juez que le investiga, Juan Carlos Peinado, le comunique que le lleva a a un procedimiento por tribunal de jurado el resto de la causa que tenía abierta, según fuentes próximas a su defensa. Hace unos días, el juez acordó llevar una pieza por malversación de caudales públicos para juicio de jurado y la semana pasada decidió llevar también el resto de la causa.
Aunque Peinado haya citado a Gómez y otros dos investigados -su asesora Cristina Álvarez y el empresario Carlos Barrabés- para que acudan con sus abogados para informarles de la transformación a tribunal de jurado, las defensas sostienen que la presencia de los investigados es un derecho pero no una obligación y por eso no ha acudido ninguno de los tres.
Por esa razón, cuando Gómez fue citada el sábado de la semana anterior prefirió no acudir, haciéndolo su abogado en representación suya. En aquella primera pieza por malversación están también investigados su asesora y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por la contratación de Álvarez a través de Presidencia del Gobierno.
En la segunda pieza por la que están citados hoy además del delito de tráfico de influencias incluye el de corrupción en el sector privado, apropiación indebida e intrusismo por el máster que Gómez codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
El instructor adoptó esta resolución tras recibir, por parte de la Fiscalía Europea, un informe de la Intervención General del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, en el que se recogen posibles irregularidades en el proceso de adjudicación de varios contratos al empresario Barrabés por parte de Red.es. Para que se tuviera en cuenta en la valoración para la adjudicación, Barrabés presentó varias cartas de recomendación de empresas y fundaciones, y una de ellas fue del máster que codirigía Gómez en la (UCM).
Peinado ha incluido en esta misma pieza las gestiones de Gómez y su asesora con la UCM para la puesta en funcionamiento de la cátedra extraordinaria y su financiación; la creación de un software, y el apoyo de la mujer de Sánchez a Barrabés para obtener adjudicaciones públicas.
En una última providencia de Peinado, ha convocado para la comparecencia de este lunes a la UCM al considerar que por el delito de apropiación indebida, en concreto por el software, cuya financiación, estaba destinada para que fuere a favor de la universidad, “ha de considerarse que dicha institución pública, debe tener el carácter de perjudicada”.
Además, en esta incesante actividad de Peinado en esta causa, ha dictado una nueva providencia reclamando a Amazon datos de la cuenta oficial vinculada al máster que codirigió Begoña Gómez y que consta que está en sus servidores.
En un cruce de escritos, la defensa de Gómez ha pedido al juez que reclame a la secretaria general de Presidencia del Gobierno para que informe sobre todos los antecedentes que le consten con relación al nombramiento de asistentes al cónyuge del presidente del Gobierno con la delimitación de los puestos ocupados y las funciones que llevaban a cabo.
La línea de defensa es que las mujeres de anteriores presidentes han contado también con asesores para llevarles la agenda y asuntos protocolarios, por lo que no habría irregularidad alguna en la contratación de Álvarez.
El fiscal pide el archivo y niega cualquier ilícito penal
En la vista, el fiscal ha pedido el archivo de la causa y recuerda que no ha tenido un lucro económico. “Ninguno de los investigados se ha beneficiado económicamente de las actividades de creación del software informático, ni consta que la UCM haya sufrido perjuicio patrimonial a consecuencia de las actividades desarrolladas”, explica en un escrito aportado hoy al juez.
Respecto del informe de la IGAE sobre las adjudicaciones a Barrabés, el fiscal sostiene que la existencia de irregularidades fue en cuatro de los contratos analizados, siendo uno de Red.es y tres del Ayuntamiento de Madrid (dependiendo de administraciones de diferente signo político). “Irregularidades de índole administrativo no conducen automáticamente al ilícito penal. Las tachas u observaciones que realiza la IGAE se concretan en un excesivo peso de la valoración subjetiva puesta en relación con la fórmula escogida para las valoraciones objetivas, y en la necesidad de que, en estas condiciones, hubiera sido un comité de técnicos quien hubiera llevado a cabo las valoraciones subjetivas. Pero la fórmula escogida no es singular o exclusiva de estos contratos, siendo una problemática recurrente en otras jurisdicciones”, sostiene.
El fiscal niega que en el caso de Gómez se haya producido un tráfico de influencias, ni corrupción en los negocios ni apropiación indebida. Sobre este último delito explica que “no parece factible hablar de un enriquecimiento paralelo subrepticio, aun a pesar de la también exhaustiva y desorbitada indagación sobre cuentas bancarias e información patrimonial de la investigada”.
Y recuerda al juez que Gómez ya estaba vinculada a la UCM, antes de que su marido, Pedro Sánchez, llegara a la presidencia del Gobierno en 2018, nexo para el instructor fundamental para justificar el tráfico de influencias. Y es más, añade que si se reunió con el rector de la universidad en la Moncloa para tratar el asunto de la cátedra extraordinaria en vez de en su despacho de la universidad fue por las restricciones en 2020 por la pandemia.
Las “conjeturas” del juez
Por otro lado, la Abogacía del Estado ha presentado un escrito solicitando el archivo de la causa respecto del actual delegado del Gobierno en Madrid, investigado por supuesta ser el responsable de la contratación de la asesora de Gómez.
En un escrito, al que ha tenido acceso La Vanguardia, explica que su nombramiento de secretario general de Presidencia fue en el año 2021, tres años antes de la contratación de Álvarez y, por tanto, no tiene nada que ver.
“El relato incriminatorio descansa exclusivamente en su posición jerárquica (secretario general de la Presidencia) y nada más, sin señalar actuación concreta ni conocimiento imputable a Francisco Martín Aguirre. En su lugar, el instructor pretendió suplir esa orfandad probatoria con conjeturas, dígase en estrictos términos de defensa, deducidas del cargo público del aforado, dando por hecho “por lógica y notoriedad” que éste debía conocer las actividades de su subordinada, sin soporte en dato objetivo alguno”.
En es escrito, la Abogacía defiende que Gómez no ostenta la condición de funcionaria pública, por lo que no puede ser sujeto activo del delito de malversación. Por su parte, Cristina Álvarez, aun teniendo la consideración de personal eventual, se ha limitado a cumplir las funciones inherentes a su puesto de trabajo.
Estas labores -explica- de asistencia, logística y coordinación que realizó en apoyo de la esposa del presidente del Gobierno “entran dentro del ámbito de confianza para el que fue nombrada, sin que ello suponga desviación alguna de caudales públicos”.
Además, en ningún momento se ha producido detrimento o perjuicio alguno para el erario público por dichas actividades de apoyo, tal y como defendió también la Fiscalía.
