Más le vale cumplir

Con una mención explícita a la ausencia en el Parlament de Carles Puigdemont y Lluís Puig, el president Salvador Illa desgranó, en un discurso que duró una hora y 40 minutos, sus prioridades en las cosas del comer y, sobre todo, en abordar una de las principales preocupaciones de los ciudadanos: la emergencia habitacional. Los catalanes dedican más de un tercio de los ingresos familiares a pagar la vivienda y los suministros y el acceso a un piso es uno de los principales factores de desigualdad social. No nos engañemos: el drama habitacional no es nuevo. Se arrastra desde hace ya demasiados años, pero para muchos catalanes, la situación ha llegado al límite.

Solo en Barcelona, más de 40.000 familias están en lista de espera para acceder a una vivienda de protección oficial. Y en la promoción recientemente construida en la plaza de las Glòries —238 pisos públicos— se inscribieron nada menos que 10.000 unidades familiares.

Ayer, Illa presentó su plan, que se traduce en un “gran acuerdo de país”, y anunció la movilización de suelo para hacer posible hasta 210.000 viviendas en los próximos cinco años. El año pasado, también en el debate de política general, su compromiso fue más modesto: 50.000 pisos. De ellos, 1.800 ya están disponibles por el derecho preferente de la administración a comprar vivienda y el resto puede decirse que aún están en la “nube”, por utilizar un símil informático.

Illa toca la tecla emocional de la vivienda, el principal problema de a los catalanes

Illa ha tocado la tecla emocional del que, hoy por hoy, es el principal problema para los catalanes. Pero más le vale cumplir lo que ha anunciado, para que su plan no se quede en una mera aspiración. Tras años de desinversión, parálisis y políticas erráticas de las administraciones en materia de vivienda, ha llegado el momento de que estas futuras promociones empiecen a convertirse en una realidad tangible. Veremos si finalmente son 50.000 o 200.000 pisos y con qué nivel de concreción se plasma este acuerdo de país, que, por ahora, plantea algunas dudas y que necesita del concurso del sector privado para poder alzar tantas residencias.

Pero para que el plan de Illa tenga recorrido, será clave la aprobación —a finales de mes— del proyecto de ley de medidas urgentes en materia de vivienda y urbanismo. Una normativa que, además de permitir intervenir en el mercado del alquiler de temporada (que está desplazando el arrendamiento tradicional en las grandes ciudades), prevé reducir a dos años y medio la burocracia que hoy retrasa la construcción de vivienda protegida. Esta es una de las grandes reclamaciones del sector privado —el gran promotor de la vivienda pública en Catalunya—, que denuncia que tardan hasta cinco años en levantar una promoción. El mismo sector que urge a Junts a pactar ya con el PSC la eliminación de la reserva del 30% para vivienda protegida en Barcelona.