La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha confirmado este jueves su negativa a crear un registro de médicos objetores de conciencia para garantizar la prestación del aborto en la sanidad pública. “No voy a hacer una lista negra de médicos nunca”, ha zanjado la dirigente madrileña en el pleno de la Asamblea regional en el que ha llegado a retar a la oposición, y al Ministerio del ramo, a que, si no compartes su postura, “se vayan a otro lado a abortar”.
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, durante el pleno de este jueves (Dani Duch)
El desafío de Ayuso ha llegado tras la interpelación que le ha hecho la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, quien ha exigido a la presidenta regional que “cumpla la ley” y garantice “abortos seguros en la pública”. “No se atreva con el derecho al aborto”, le ha advertido, al recordar la derrota política de Alberto Ruiz Gallardón tras su intento de restringir esta prestación en 2014.
También se ha pronunciado al respecto Pedro Sánchez: ”Esta era la libertad que prometía Ayuso. Volver a los viajes clandestinos a Londres. Al clasismo y al señalamiento. Volver 50 años atrás. No lo vamos a permitir. El Gobierno usará todos los instrumentos legales a su alcance para garantizar que los derechos y la dignidad de las mujeres se respetan, también en Madrid. Y, si hace falta, llegaremos hasta la Constitución y el Constitucional”, ha advertido el líder del Ejecutivo a través de X.
La actual ofensiva antiabortista de Ayuso llega de manera tan repentina que la está llevando a rectificarse a sí misma. Apenas unos meses atrás, su propio Gobierno dio luz verde a la creación del registro de objetores en la Comunidad de Madrid, en línea con el acuerdo alcanzado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. De hecho, la consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, quien ahora también está coliderando el desafío al Ministerio, votó a favor de esta medida que salió adelante por unanimidad en una sesión del citado órgano.
Un cónclave celebrado en diciembre y en la que se definió que el registro ”solo se utilizará para la gestión de recursos humanos y para garantizar la prestación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), sin discriminación para ningún profesional. “Solo se incluirá en el registro al personal que interviene directamente en la IVE. Es decir, médicos especialistas en ginecología y obstetricia, anestesiología y reanimación, medicina familiar y comunitaria, enfermeras/os y matronas. Y los datos no se compartirán entre comunidades autónomas.
Este giro de la Comunidad de Madrid se enmarca, una vez más, en una estrategia política deliberada para abrir un nuevo frente con Pedro Sánchez. Ayuso ha cimentado buena parte de su perfil en el choque con el Gobierno central, y ahora utiliza el aborto como campo de batalla. Madrid es, de hecho, la única comunidad autónoma que se ha negado a aplicar el registro, pese a que la ministra Mónica García ha advertido de que tomará “las medidas que sean necesarias” para obligar al Ejecutivo autonómico a cumplir la ley.
Ayuso se ha mostrado tajante: “No voy a hacer una lista negra de médicos nunca”
Desde el Ministerio insisten en que este instrumento no tiene por objeto “perseguir objetores”, sino garantizar que quienes no lo son puedan ejercer su labor y asegurar que las mujeres tengan acceso efectivo al aborto en centros públicos. Algo que, en la práctica, no ocurre en Madrid donde solo el 0,5% de las interrupciones voluntarias del embarazo se practican en hospitales públicos, mientras que el 99,5% se derivan a centros privados.
Entre ellos destaca Quirón, el grupo sanitario que bajo los gobiernos de Ayuso ha visto dispararse su facturación en contratos públicos. La oposición cifra en más de 5.000 millones de euros los pagos recibidos en los últimos años, muchos de ellos “opacos” y vinculados a la pareja de la presidenta, Alberto González Amador, actualmente procesado por hasta cuatro delitos. Se da el caso, además, de que Quirón es el mismo grupo para el que Matute trabajó durante 17 años pese a que trató de ocultarlo al no incluir esa parte de su currículum en su ficha del Portal de Transparencia.
