Junts planteó el debate de política general que concluyó ayer en el Parlament como una cita clave para la toma de decisiones en lo referente a su relación con el PSOE, aunque el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, por su parte, ya se quitó cualquier tipo de presión y avisó que no se sentía vinculado por las advertencias de los posconvergentes cuando replicó el miércoles desde el atril a Albert Batet. Dicho y hecho. El grupo del PSC tumbó ayer algunas resoluciones que para JxCat eran “esenciales”, como una referente a la negociación de un referéndum, o bien otra sobre el concierto económico.
“En lo esencial han votado con PP y Vox”, lamentaba un dirigente de la formación en los pasillos de la Cámara tras abandonar el hemiciclo. “La clave estaba en la resolución sobre el referéndum”, apuntaba otro. Pero hay un aspecto que enojó y escoció especialmente en el grupo que comanda Batet. Los socialistas catalanes votaron con PP y Vox en contra del preámbulo de la ley de inmigración que pactaron JxCat y PSOE en marzo y que el Congreso rechazó hace unas semanas por el voto contrario de Podemos. Además, se abstuvieron en otra resolución sobre la delegación de competencias a la Generalitat en esa materia. “Es muy grave”, resaltan fuentes de Junts.
¿Y ahora qué? En Junts responden que “paso a paso” y que “ya se verá...” tras emitir varios avisos en estas últimas semanas sobre la posibilidad real de una ruptura definitiva con el PSOE. “Este otoño pasarán cosas que no han pasado hasta ahora”, había apuntado el líder de la formación, Carles Puigdemont, en agosto. Con todo, no hay día marcado en el calendario ni una liturgia definida, pero la formación, que a través de su portavoz en la Cámara catalana, Mònica Sales, vistió de trascendencia el debate que se ha celebrado esta semana, dejó claro que si no salían satisfechos de este debate se acabaría su relación con los socialistas. Y las caras ayer eran largas.
El pleno rechaza el concierto económico pero avala el sistema de financiación singular
De todos modos, el PSC, dio el visto bueno al preámbulo del acuerdo que JxCat y PSOE rubricaron para la investidura de Pedro Sánchez en noviembre del 2023, con referencias al conflicto histórico entre Catalunya y España. Lo que rechazó fue que se plantee la negociación de un referéndum en el foro de Suiza, donde ambas organizaciones se sientan frente a frente con un mediador internacional. Los socialistas consideran que no se recogía el fragmento del pacto en el que el PSOE hacía su apuesta para abordar el conflicto: más autogobierno y un nuevo sistema de financiación. También pesó la posibilidad de llevar al equívoco con el redactado.
Además, el PSC también votó en contra del reconocimiento de las selecciónes catalanas, de varios traspasos como el de la gestión de las pensiones o el del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, de la ejecución de las inversiones pendientes, de la publicación de las balanzas fiscales y de dar más voz internacional a Catalunya en algunos organismos como la Unesco. También tumbó que se reserve en las universidades catalanas un 80% de las plazas de la carrera de medicina para estudiantes de institutos catalanes.
Pero si los debates de política general son una suerte de examen sobre la gestión del Govern, del finalizado ayer puede concluirse que el president Illa ha afianzado en buena medida la sintonía que mantiene con sus aliados de investidura en algunos aspectos troncales, como la financiación singular, aunque en otros, como Rodalies y vivienda, se llevó un tirón de orejas.
El PSC vota a favor de aprobar en el Congreso, “antes de final de año”, las reformas legislativas necesarias para que Catalunya pueda recaudar el IRPF
ERC resaltó la “incapacidad” de Adif y Renfe para dar respuesta a la “situación de desinversión crónica del Estado”, denunció la “falta de respeto” que han sufrido los usuarios al comunicar las incidencias y los “agravios que de manera insultante” someten sendas operadoras a los viajeros del servicio ferroviario. El PSC se abstuvo ante estos calificativos, al tiempo que rechazó el “suspenso” que dedicaron los Comuns por escrito sobre la gestión del Govern en Rodalies. El PSC recibió el apoyo de Vox en esta votación y la abstención de Junts, impidiendo así que saliera adelante.
El president también pudo comprobar que el “acuerdo de país” que propuso en su discurso para movilizar todo el suelo posible para construir hasta 200.000 viviendas no prosperaba. Junts, PPC, Vox y la CUP, rechazaron la propuesta y ERC, Comuns y Aliança se abstuvieron. En cambio sí recibió el aval parlamentario para otro de sus anuncios, el traspaso de la titularidad de todos los bienes inmuebles de la Sareb en Catalunya.
Las fisuras desparecieron en torno al debate de la financiación. Los republicanos querían arrancar a los socialistas un compromiso en favor de la aprobación en el Congreso, “antes de final de año”, de las reformas legislativas necesarias para que Catalunya pueda recaudar el IRPF. Un salvoconducto para los presupuestos catalanes que el PSC suscribió, como hizo con el planteamiento que reafirmaba el compromiso por un nuevo modelo de financiación, “a partir de una negociación bilateral”, basado en los principios de “suficiencia, ordinalidad, solidaridad, corresponsabilidad y eficiencia”.
