El Ayuntamiento de Vic ha sido condenado por un juez de Barcelona por exigir un nivel de conocimiento de la lengua catalana demasiado alto para acceder a un puesto de trabajo en el consistorio de la capital de la comarca de Osona, según adelanta el diario El Mundo.
El Ayuntamiento convocó una plaza como operario de cementerio y fijó como uno de los muchos requisitos poder acreditar el B2 de catalán. Cuando vio la oferta, la entidad españolista Convivencia Cívica la denunció porque entendía que era discriminatorio y excesivo, y ahora el juzgado de lo contencioso número 15 de Barcelona les ha dado la razón y declara “nulas” las bases del concurso y requiere al consistorio que en lugar de requerir el B2 exija el A2 (básico) a los candidatos. Además obliga al consistorio a pagar una multa de mil euros.
El juez considera que “la elevación del requisito al nivel B2 aplicada de forma indiscriminada y no conectada con las funciones genera una barrera de acceso con efecto excluyente para quienes no acrediten ese nivel” y añade que “ello constituye una discriminación directa por razón de lengua”.
El alcalde de Vic, Albert Castells, de Junts, ha mostrado su indignación por la sentencia en declaraciones a RAC1. “Aquí lo que hay es una persecución de la lengua e iremos donde sea necesario para defendernos”, ha exclamado Catells.
En la polémica también ha terciado el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, quien ha denunciado la “falacia del bilingüismo” y que con sentencias judiciales “se va devolviendo al régimen monolingüe que impuso Franco, con la ligera diferencia de que ahora el uso del catalán es tolerado y tienes un cierto derecho a utilizarlo, pero nunca en igualdad de condiciones con el castellano”. “En caso de conflicto, un juez siempre resolverá en tu contra”, ha zanjado el líder de Junts.