El Senado, con mayoría absoluta del PP, va a acudir al Tribunal Constitucional para que se pronuncie ante la falta de presupuestos. En concreto, la Cámara va a impulsar un conflicto de atribuciones a iniciativa del PP para que el órgano de garantías se pronuncie sobre las sucesivas prórrogas presupuestarias del Gobierno.
”Presentar los Presupuestos no sólo es un deber político, es una obligación constitucional”, ha aseverado este viernes la portavoz del PP en el Senado Alicia García. “Vivimos con unas cuentas aprobadas en 2022 con el voto de Pablo Iglesias”, ha añadido.
“La Constitución no puede ser papel mojado, la Constitución obliga y se tiene que cumplir. Los derechos están para respetarse”, ha continuado García, quien ha incidido en que “España tiene que dejar de vivir en una anomalía democrática permanente”.
En este sentido, el PP hace referencia al artículo 134.3 de la Constitución para defender que es obligatorio la presentación de los presupuestos: “El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior”.
En este sentido, por tercer año consecutivo, el Gobierno ha incumplido ya este precepto constitucional porque se pasó el 1 de octubre y Moncloa seguía sin presentar las cuentas. Sí es cierto que María Jesús Montero, vicepresidenta de Hacienda, ha asegurado que van a presentar los presupuestos, aunque Sánchez ya ha dicho que si el Congreso los tumba, tampoco convocará elecciones.
Asimismo, en el escrito, los populares señalan que el Gobierno “se está arrogando una competencia que no le corresponde” al autorizar gastos no autorizados por las Cortes Generales prorrogando continuamente las cuentas. Eso, además, a juicio del PP rompe con el principio de la “anualidad del presupuesto” y supone “un uso fraudulento del mecanismo de la prórroga para evitar la aprobación parlamentaria de unos nuevos presupuestos que, por definición, han de ser anuales”.
Lo cierto es que el PP llevaba tiempo estudiando fórmulas para acabar con el “modus operandi” del Gobierno, que va camino de tres años sin aprobar presupuestos. Es una situación inédita, ya que, hasta la llegada de Sánchez, tan solo en 1995 había estado España sin presupuestos y Felipe González convocó elecciones.
El partido de Alberto Núñez Feijóo ha planteado ya una reforma legislativa (Constitución y Ley General Presupuestaria) para forzar la convocatoria de elecciones automática en caso de dos prórrogas presupuestarias consecutivas, como ocurre ahora con el Gobierno de Pedro Sánchez.