El próximo 28 de octubre se cumplirán seis meses del gran apagón que dejó a España y Portugal a oscuras. Entre cuatro y doce horas sin electricidad, según las zonas. El principal incidente en la red eléctrica europea en los últimos veinte años. Todavía no hay conclusiones definitivas sobre las causas –hay mucho en juego, el forcejeo es tremendo–, pero una primera verdad ha quedado establecida: el caballo se desbocó y fue imposible controlarlo en cuestión de segundos.
“El cero eléctrico se produjo por un problema de sobretensión con un origen multifactorial: el sistema contaba con una capacidad de control de tensión insuficiente, se produjeron oscilaciones que condicionaron la operación del sistema y se desconectaron instalaciones de generación, en algunos casos de un modo aparentemente indebido”, afirma el informe del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).
“El apagón se produjo por una serie de circunstancias acumulativas que excedieron con mucho el criterio de seguridad N-1 y que derivaron en un problema de sobretensión y un disparo en cascada de generación. Varios eventos relevantes llevaron al colapso del sistema: dos oscilaciones forzadas, es decir, desencadenadas por posibles anomalías internas de alguna planta de generación, y tres eventos de pérdida de generación por disparos incorrectos”, sostiene el informe de Red Eléctrica de España, el jinete al que se le desbocó el caballo.
Red Eléctrica cabalga con cautela para evitar otro apagón como el de abril.
“El apagón del pasado 28 de abril en la península Ibérica fue provocado por una inédita serie de sobretensiones en cascada que se originaron en el sur de España. El factor central del colapso fue la incapacidad del sistema para controlar la magnitud del voltaje (la tensión de la red). El voltaje es una magnitud que debe resolverse de manera local, cerca de donde surge el problema”, se indica en el informe elaborado por ENTSO-E, Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad, una plataforma en la que están representados los gestores de las redes eléctricas de 36 países europeos. Ese informe es fruto de la investigación llevada a cabo por un panel de 45 expertos internacionales.
Entender bien lo que pasó y atribuir responsabilidades exactas ha sido hasta ahora imposible. Hay demasiados intereses en juego. En los bufetes del Madrid DF se ultiman demandas cruzadas para reclamar indemnizaciones. Iberdrola, primera compañía eléctrica del país, anunciaba hace unos días que prepara una demanda contra Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica, por señalarles como causantes del apagón.
Es evidente que el sistema eléctrico falló. No fue capaz de controlar las excepcionales oscilaciones de tensión que se produjeron aquella mañana de abril. Hasta entonces se daba por sentada la seguridad del suministro, nadie la cuestionaba. En los siguientes seis meses algo ha cambiado. Vamos a intentar profundizar en ello con la ayuda de Santiago Fernández Muñoz, profesor de Geografía Humana de la Universidad Carlos III de Madrid, profesional con un buen conocimiento de las dinámicas del sector eléctrico.
Infraestructura de energía renovable eólica y solar en Aragón.
¿Qué ha cambiado? Básicamente una cosa: España consume en estos momentos menos electricidad renovable de la que podría estar empleando. Puesto que el caballo se desbocó, ahora hay que mantenerlo bien embridado. Un segundo apagón general sería catastrófico para la economía del país y para su reputación en el mundo. En estos momentos la prioridad absoluta es la seguridad y la estabilidad del sistema y para ello se ha levantado el zócalo de las energías que aportan una potencia más estable: centrales de gas de ciclo combinado, centrales nucleares y centrales hidroeléctricas. Se han reforzado las bridas y se ha puesto un límite a la electricidad renovable hasta que no existan mayores garantías de estabilidad, con refuerzos tecnológicos y dispositivos de almacenamiento. El jinete (Red Eléctrica) cabalga con cautela para evitar otro desastre, mientras los cuchillos vuelan en el Madrid DF.
Hasta abril del 2025, la orientación era maximizar la penetración de las renovables en el mercado eléctrico, desplazando de forma creciente al gas y reduciendo significativamente la rentabilidad de las centrales nucleares. Desde el apagón, la prioridad es garantizar la seguridad y estabilidad del sistema, a costa de reducir la integración renovable. Se ha subido el zócalo de las energías convencionales, aumentando el respaldo térmico y nuclear de forma sostenida. Red Eléctrica exige que más plantas de ciclo combinado de gas estén más tiempo encendidas para asegurar la estabilidad del sistema, lo cual supone un sobrecoste dado el incremento del precio de gas en Europa desde la invasión rusa de Ucrania.
¿Seis meses después del gran apagón puede calibrarse ese sobrecoste? Todavía no es posible saberlo con exactitud porque el organismo encargado de seguir la evolución de los precios de la energía para los hogares (CNMC) publica sus análisis con varios meses de retraso. Tardaremos en saberlo con precisión. La presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, apuntaba esta semana un posible sobrecoste de 371 millones de euros en seis meses, es decir poco más de dos millones de euros al día. Si esta cifra fuese cierta sería inferior a un estornudo de Vladímir Putin o a la amenaza de Irán de cerrar el estrecho de Ormuz. Veremos.
La presidenta no ejecutiva de Redeia, Beatriz Corredor, en Madrid.
Desde principios del 2025, la producción renovable en el sistema eléctrico peninsular ha sido algo inferior a la del 2024, una circunstancia que rompe con la sostenida tendencia de los años anteriores, en los que cada mes se rompía un récord. Entre enero y abril del 2025, la producción de electricidad renovable fue un 0,9% inferior al mismo periodo del 2024 (60,9% del total frente a 61,8%). Y en los meses posteriores al apagón, esa tendencia se ha mantenido (el 57,2% frente al 58,1% del año pasado). Es probable que acabemos el año con una producción de renovables similar o ligeramente inferior a la del 2024. Si es así, alguien podría decir que no pasa nada. Los sobrecostes no son escandalosamente altos y se mantiene, con una ligera inflexión, el porcentaje de las renovables en la producción total de electricidad.
Pero hay otro ángulo a considerar. El parque de renovables no está paralizado. Sigue creciendo. Todos los meses se incorporan al sistema nuevos parques fotovoltaicos y eólicos. En septiembre del 2024, la capacidad productiva de las renovables era de 79,5 GW y un año después es de 89,4 GW. Es decir, la potencia renovable instalada se ha incrementado en más de un 12% en el último año, uno de los ritmos más altos de los últimos tiempos. Sin embargo, el porcentaje de renovables utilizado es casi un 1% más bajo. Crece la potencia instalada, disminuye la producción. Es evidente que el sistema eléctrico no absorbe todas las nuevas capacidades. Esta es la consecuencia principal del gran apagón.
Desde el 28 de abril se ha disparado la cantidad de energía renovable que no ha podido ser incorporada a la red. En palabras sencillas, energía que se ha perdido o desperdiciado. El porcentaje medio no integrable en la red desde enero a abril del 2024 fue del 1,5%, y desde el apagón se ha incrementado hasta el 5,5%. En julio alcanzó su récord con el 11% de energía no aprovechada, un porcentaje muy significativo que hubiera contribuido a bajar notablemente los precios en uno de los meses de mayor consumo por las sucesivas olas de calor. Presten atención al siguiente gráfico.
El parque de renovables sigue creciendo y las medidas cautelares para evitar un segundo gran apagón obligan a desestimar hasta un diez por ciento de la capacidad de producción eólica y fotovoltaica. Hay mucha tensión en el sector porque ese frenazo repercutirá en la rentabilidad de las nuevas instalaciones y en las condiciones para su financiación. Puede producirse un estrangulamiento. En el curso de un coloquio celebrado ayer en Barcelona, la presidenta de Red Eléctrica cifró en un 58% el porcentaje actual de energía renovable y anunció planes de inversión en la red en el periodo 2025-2030 para su potenciación. En los próximos años la potencia renovable instalada podría ser del 80% del sistema. ¿Cómo hacerlo sin poner en peligro la estabilidad de la red?
El Gobierno y Red Eléctrica quieren evitar que el incremento de la seguridad solo beneficie a las centrales de ciclo combinado y a las nucleares. Tienen prisa. Se está gestionando la aprobación de un nuevo protocolo de gestión (protocolo 7.4) para fortalecer la estabilidad de la red y permitir que aquellos parques de renovables con una determinada tecnología (generadores síncronos) puedan también servir de respaldo al sistema. Pero atención al dato: la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publicó ayer una resolución en la que atiende la reclamación de las grandes compañías eléctricas y rechaza de momento aprobar los cambios propuestos por Red Eléctrica para modificar de manera urgente el procedimiento de operación 7.4. Las compañías dueñas de centrales síncronas, Iberdrola, Endesa y Naturgy, presentaron alegaciones, señalando que esos cambios urgentes podrían ser perjudiciales para la maquinaria de sus centrales. La CNMC ha resuelto que los cambios propuestos sean sometidos a un estudio más profundo. La periodista de La Vanguardia, Pilar Blázquez, lo explica muy bien en esta crónica.
Queda claro que estamos ante una fenomenal batalla de intereses. El modelo está en el aire. También en este capítulo, España se halla en una encrucijada decisiva. Está en juego consolidar o no la oferta de una electricidad más barata en el mercado europeo.
En Portugal, país que también sufrió las consecuencias del apagón español, las renovables alcanzaron un 89% durante el primer trimestre del 2025. ¿Son más temerarios los portugueses? No, sus protocolos son más exigentes y cuentan con un parque eólico y fotovoltaico más seguro, respaldado por una gran reserva de energía hidroeléctrica.
El conflicto de intereses es importante. Las empresas propietarias de las centrales nucleares desearían su continuidad, con condiciones fiscales favorables. Argumentan que la continuidad de la energía atómica es la mejor garantía para la estabilidad del sistema y también para dar respuesta a la nueva demanda de energía, demanda que puede crecer exponencialmente con los numerosos centros de datos interesados en el solar hispánico. En Estados Unidos, las grandes empresas tecnológicas se están planteando la construcción de pequeños reactores nucleares para alimentar los data center que necesita el despliegue de la inteligencia artificial. Diversas empresas europeas y norteamericanas, a las que acaba de sumarse Rolls Royce, están diseñando reactores de bolsillo. Las compañías gasistas también defienden la continuidad de las centrales de ciclo combinado como medida de seguridad, no en vano la península Ibérica cuenta en su litoral con ocho plantas de regasificación de GNL (siete en España y una en Portugal). Esas plantas suponen el 35% de la capacidad de regasificación de toda Europa.
Exterior de la central nuclear de Almaraz en Extremadura.
Centrales nucleares. Hoy, la piedra de toque es el cierre o no de la central de Almaraz en Extremadura, de la cual Iberdrola posee el 53%. [Las tres grandes compañías energéticas españolas, Iberdrola, Endesa y Naturgy, han solicitado hoy oficialmente la prorroga de Almaraz]. Y ha surgido el problema catalán. Catalunya es débil en energías renovables. Es un territorio muy urbanizado, con más de ocho millones de habitantes, en el que toda nueva instalación eólica o fotovoltaica genera tensiones. Digámoslo todo: durante el procés se gobernó poco. Toda protesta comarcal aterrorizaba a los gobernantes independentistas. La mitad del consumo eléctrico de Catalunya depende hoy de las centrales nucleares (Vandellós 2, Ascó 1 y Ascó 2), cuyo principal propietario de referencia es Endesa, es decir, Enel, es decir, el Estado italiano. Si un día Giorgia Meloni se levanta de mal humor y aprieta un botón, media Catalunya se queda a oscuras.
Complejo panorama. España ha avanzado mucho hacia un modelo energético presidido por la electricidad renovable. ¿Quiso correr demasiado? El apagón de abril ha disparado las cautelas y ha provocado una auténtica batalla campal entre todos los intereses que convergen en el sistema.
Mientras tanto se acumulan las demandas para la ampliación de la red eléctrica para satisfacer nuevos proyectos y revitalizar zonas industriales muy maduras. El País Vasco quiere más red para modernizar su industria y Aragón, nueva pila eléctrica de España, quiere concentrar el mayor número de data center posibles, proyectos que hasta ahora se dirigían de manera preferente a la Comunidad de Madrid. Catalunya no puede prescindir de la energía nuclear, y el gobierno regional de Extremadura pide que no se cierre Almaraz… Estamos hablando de política. De política pura.
El 28 de abril se cruzaron muchos cables.
(Este nuevo capítulo de 'Penínsulas' ha contado con la colaboración de Santiago Fernández Muñoz, profesor de Geografía Humana en la Universidad Carlos III de Madrid, socio de SILO y antiguo jefe de proyectos de la división de Evaluación de Políticas Públicas de la AIReF.)
