La Fiscalía sospecha que la exmilitante del PSOE Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset habrían orquestado un plan para obtener información a través de chantajes y sobornos para desacreditar a la UCO y a la Fiscalía Anticorrupción. Así consta en un decreto del ministerio público que forma parte de la causa abierta a Díez y por la que tendrá que ir a declarar ante un juez de Madrid el próximo 11 de noviembre.
El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid ha iniciado una investigación según la cual existen indicios de que Díez y Pérez Dolset, con la colaboración del periodista Pere Rusiñol, habrían ofrecido beneficios profesionales y de otra índole a dos fiscales de Anticorrupción a cambio de obtener información para desacreditar al fiscal jefe de esta Fiscalía, Alejando Luzón. Ambos fiscales, José Grinda e Ignacio Stampa, acudieron a sus superiores para denunciar tales intentos de soborno. Junto a Díez, Pérez Dolset y el periodista están citados a declarar para el próximo día 11 como investigados por los delitos de cohecho y tráfico de influencias.
El instructor Arturo Zamarriego, también investiga una reunión en la que estuvo presente Díez junto al abogado Jacobo Teijelo y otras personas con un investigado de una causa por un fraude de hidrocarburos, y a quien se le habría ofrecido beneficios a cambio de obtener trapos sucios contra un jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
El fiscal encargado del caso explica que para conseguir tales reuniones, Díez se presentaba como una militante cualificada del PSOE, en busca de “neutralizar determinados procedimientos judiciales mediante la descalificación de funcionarios”.
La reunión con el imputado en hidrocarburos Alejandro Hamlyn, el intento de soborno al fiscal Grinda, y la reunión con Stampa ofreciendo dinero y cambio de destino -fue apartado de Anticorrupción y actualmente está destinado en Fiscalía de Madrid-, son consecutivas en el tiempo desde febrero del 2025.
La primera reunión se conoció por una publicación en los medios de comunicación, mientras que las otras dos fueron denunciadas por ambos fiscales ante sus superiores. El juez ha decidido, a petición de la Fiscalía, que se investigue todo conjuntamente al formar parte de “una misma actuación delictiva, continuada y coordinada, que lidera Leire Díez”.
Según el decreto de la Fiscalía sobre este asunto, el objetivo de los denunciados sería “desacreditar a los jefes de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción a fin de anular o malbaratar las investigaciones de ambas instituciones en casos relevantes que afectan a políticos y empresarios por los que muestran interés los denunciados”.
El representante del Ministerio Fiscal recalca, al considerar de especial relevancia, “la singularidad de que estas presuntas ofertas de soborno tienen como fuerza principal, que les da credibilidad, la supuesta apariencia que ha conseguido crear Leire Díez, de que ella habla en nombre de altas instituciones del Estad”. Y concluye: “esto es determinante”.
