Hace cinco meses el Gobierno de coalición resucitó el diálogo para aprobar una regularización extraordinaria de inmigrantes. Se trata de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), impulsada por cientos de organizaciones civiles, que en la pasada legislatura pudo seguir su tramitación parlamentaria tras recibir los votos a favor de toda la Cámara, a excepción de Vox.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durantre el acto hace una semana donde presentó su Plan de Inmigración, en Barcelona.
Desde entonces el debate sobre la inmigración ha acrecentado la tensión política y se ha endurecido en formaciones como el PP o Junts, preocupadas por la fuga de votosa su derecha (Vox y Aliança Catalana) y dibuja un escenario incierto para la regularización de unos 500.000 inmigrantes, según los primeros cálculos.
En España hay medio millón de personas que trabajan y viven aquí, pero no tienen papeles
El PSOE mantiene la propuesta en un cajón, pese a que insista en su voluntad de llevarla a la Cámara Baja para que pueda ser debatida. Ahora Sumar, que pugna por capitalizar la bandera progresista ante el PSOE, insta a su socio de Gobierno que con “urgencia” desbloquee la regularización de estos migrantes.
En este contexto, sorprende poco que la formación de Santiago Abascal se oponga con un discurso que busca captar un electorado que percibe la inmigración como amenaza cultural y socioeconómica.
Pero la posición del PP ha pasado de permitir la tramitación de la ILP a colocarse en contra de cualquier vía que suene a “amnistía encubierta”. En las últimas semanas, Alberto Núñez Feijóo ha endurecido su propuestas migratorias, proponiendo vincular la inmigración a contratos de trabajo, limitar el acceso a ayudas sociales y, en su última ponencia política, defender directamente que “España debe reducir la inmigración”.
Este alineamiento con Vox choca con algunos actores que tradicionalmente han influido en las políticas de los populares. La CEOE, que ha advertido de la escasez de trabajadores en sectores clave como la construcción, la hostelería o el campo; el Banco de España, que alerta sobre el envejecimiento de la población activa e incluso la Conferencia Episcopal o Cáritas, que han apoyado expresamente esta ILP desde la lógica de la dignidad y de la estabilidad social.
También Junts es contraria a abrir un nuevo debate migratorio, tras perder la votación para la transferencia de las competencias en inmigración a Catalunya.
La regularización de estos inmigrantes no debería ser una concesión ideológica. Es una iniciativa política para ordenar lo que ya existe. Y lo que existe hoy en España es medio millón de personas que trabajan, viven y consumen aquí, pero no tienen papeles. Negarse a afrontarlo no hará desaparecer a estos migrantes. Solo desplaza el problema… al siguiente gobierno.
