El Congreso dio ayer un nuevo paso en la reforma legal que obligará a las empresas de más de 250 trabajadores, con más de 50 millones de facturación o que presten servicios de interés general, a tener servicios de atención al cliente en todas las lenguas cooficiales del Estado.
Los trabajos realizados por los grupos parlamentarios en la ponencia de la Comisión de Derechos Sociales y Consumo han acordado limitar la obligación a aquellas comunidades que dispongan de una segunda lengua oficial además del castellano: Catalunya, Galicia, Euskadi, Navarra, la Comunidad Valenciana y Baleares.
Es imprescindible garantizar una formación efectiva de los diferentes idiomas cooficiales a los servicios de atención a la clientela
De este modo, y aunque la media está aún en una fase muy preliminar, el texto que aún debe ser elevado a comisión incluirá una enmienda transaccional de los grupos parlamentarios socialista y plurinacional Sumar en virtud de la cual se propone que, a solicitud de la persona consumidora o usuaria “sita en comunidades autónomas que dispongan de varias lenguas oficiales”, se “asegurará” la atención “en el idioma oficial que se solicite”, pero “siempre y cuando” la empresa preste servicios en aquellas comunidades autónomas que “disponen de lengua oficial diferente al castellano y la lengua utilizada sea oficial en dicha comunidad autónoma”.
“Es imprescindible garantizar una formación efectiva de los diferentes idiomas cooficiales a los servicios de atención a la clientela para poder mantener la coherencia con la intención del legislador de preservar los derechos lingüísticos de los clientes y usuarios”, razona ERC en el pliego de enmiendas en el que también se incluyen aportaciones de otros grupos como Junts, EH Bildu y PNV.
La ley, como defiende el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, busca “ampliar la protección y los derechos de los consumidores en toda España”. Entre otras medidas, pretende incluir la prohibición de las llamadas comerciales no deseadas (‘spam’), el derecho a ser atendido en menos de tres minutos al realizar una reclamación y la obligación de que una persona, y no una máquina, preste ese servicio.
La ponencia también ha incorporado al texto una enmienda transaccional para garantizar que las empresas muestren el precio final del producto, incluidos los famosos “gastos de gestión” de forma que los consumidores no se topen con ningún coste extra a la hora de formalizar la compra de un producto o servicio. Y, en esa línea, se está discutiendo la creación de una base de datos pública que registre el número de reclamaciones presentadas contra cada compañía, así como sus respectivas resoluciones.
“Son cosas que son absolutamente de sentido común que, además, no entienden de izquierda o de derecha”, defendió ayer Bustinduy en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros para intentar atraer a PP y Vox a una medida que cuenta con el respaldo del bloque de la investidura.
