Hay historias que los villanos no se ven a primera vista, se entremezclan personajes y es difícil definir dónde están, qué papel tienen en los hechos y uno ya no sabe de quién fiarse. La historia de Leire Díez ha llegado a manos de un juez, Arturo Zamarriego, quien va a tener que desentrañar qué tramaba Díez, para quién trabajaba, con quien colaboró, y qué logró.
Irónicamente, una de las primeras incógnitas que tendrá que resolver es si Díez trabajaba por órdenes del Gobierno, del PSOE o de instituciones del Estado, si era una mujer a sueldo de personajes metidos en líos judiciales en busca de una solución por la vía criminal, una 'outsider' que se tomó la justicia por su mano o una periodista de investigación que intentaba destapar una trama corrupta.
Es irónico porque Zamarriego fue el magistrado que investigó al 'pequeño Nicolás', un joven que se hizo pasar por colaborador del Gobierno y del Centro Nacional de Inteligencia, y que tuvo contactos con el excomisario José Manuel Villarejo.
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Las prácticas de unos y otros tienen ciertas similitudes. Por ahora, el fiscal que se va a encargar de este asunto mantiene que Díez si hizo pasar por una emisaria política y que “hizo creer que tenía influencia con los poderes públicos de nuestro país” para que se la tomara en cuenta. A esta mujer, ya se le conoce como la “fontanera del PSOE”, aunque más allá del calificativo político o mediático, ahora la justicia deberá determinar si actuó en nombre del partido, que niega la mayor.
¿Por qué se le investiga? Por ahora son tres hitos los que están encima de la mesa del juez. El primero, es una reunió que mantiene ésta, con el abogado Jacobo Teijelo (posteriormente designado como defensa del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán), y un cliente suyo, Alejandro Hamlyn, acusado por un fraude de hidrocarburos.
Según consta en la documentación, en esta reunión, celebrada en febrero de este año, se le ofrece al empresario beneficios procesales en el juicio que tenía pendiente en la Audiencia Nacional a cambio de obtener información confidencial de uno de los responsables de la Unidad Central operativa (UCO) de la Guardia Civil, encargada actualmente de los 'casos Koldo', la causa contra la mujer del presidente, Begoña Gómez, contra el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, entre otros. Este encuentro fue grabado y acabó en la prensa, lo que impulsó a varias asociaciones y al PP a presentar una denuncia.
La segunda reunión que se investiga es la de un periodista, Pere Rusiñol, con el fiscal de Anticorrupción José Grinda, unos días después de la primera, el 25 de febrero. En el encuentro, el primero le entrega un papel doblado en cuatro partes con un ofrecimiento en su interior al fiscal. Se le ofrecía un puesto en el extranjero, pagar un procedimiento civil de un asunto personal y darle protección, a cambio de que ofreciera 'trapos sucios' de su jefe, Alejando Luzón -fiscal encargado del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo y quien solicitaría la prisión de Santos Cerdán- para lograr su destitución.
“Tengo la convicción que se lo dio Sandro Rosell porque ambos son amigos”
Además, el autor de la carta le reclamaba que diese carpetazo a asuntos suyos como el caso del 3% catalán, los Pujol, el caso de la banca Privada de Andorra, entre otros. Uno de los casos que pedía que cerrara era Zed, cuyo principal investigado es el empresario Javier Pérez Dolset.
Grinda intentó que el periodista le dijera de parte de quién venía. “Tengo la convicción que se lo dio Sandro Rosell porque ambos son amigos”, explicó este fiscal, después de denunciar este intento de soborno. Porque lo que hizo nada más salir de esa reunión es ponerlo en conocimiento de su jefe, quien actuó para que desde la Fiscalía se iniciase una investigación.
ni el PSOE ni el Gobierno podrían avalar tal barbaridad”
En su declaración como testigo ante la Fiscalía, Grinda explicó que en aquella reunión el periodista le acabó diciendo que detrás de aquello estaba “Leire” y le reconoció que había estado cenando con “Leire, Rosell y Pérez Dolset”. “Mi convicción en ese momento es que Leire tenía que actuar por su cuenta y riesgo si es que es verdad lo que decía Rusiñol, porque entiendo que ni el PSOE ni el Gobierno podrían avalar tal barbaridad, ni siquiera conocer”, dijo el fiscal en su declaración.
El empresario Víctor de Aldama (i), investigado en el caso Koldo, se encara con el empresario Javier Pérez Dolset (d)
Tercer movimiento de Díez por el que tendrá que responder es la siguiente reunión, también denunciada. En abril, una persona se pone en contacto con el fiscal Ignacio Stampa, quien destapó el caso Villarejo, ordenó la detención del excomisario e impulsó su ingreso en prisión en el 2017. Tres años después, un enfrentamiento con la fiscal general del Estado Dolores Delgado, quien había mantenido contactos en su época anterior con Villarejo, logró que Stampa se fuera de Anticorrupción. Actualmente se encuentra destinado en la Fiscalía de Madrid.
Le dijeron que desde el Gobierno querían disculparse con él por el trato dispensado. Fue a esa reunión y se encontró con Leire Díez, quien dijo iba en nombre de Santos Cerdán, y Pérez Dolset. A partir de ahí, las explicaciones ofrecidas por ambos eran, según el testigo, cada vez más inverosímiles. Le llegaron a decir que el juez Manuel García Castellón, que investigó junto a Stampa a Villarejo, había entregado a Pérez Dolset unos discos con archivos de Villarejo para que los desencriptara, dados sus conocimientos informáticos. García Castellón era el encargado del asunto Zed, por lo que en verdad Pérez Dolset era un investigado suyo en otra causa.
La real naturaleza de la reunión, según explicó Stampa a sus superiores en un escrito tras salir de aquella reunión, era que diera actuaciones irregulares del juez García Castellón y del fiscal Grinda -ambos encargados de investigar a Pérez Dolset- y del fiscal jefe de Anticorrupción. Por ello, le ofrecían volver a Anticorrupción, recuperar la dirección del caso Villarejo y encargarse económicamente de sus litigios judiciales abiertos por su destitución. Y aún más, Pérez Dolset le ofreció ser parte de su grupo de “víctimas del sistema”.
“Neutralizar procedimientos judiciales”
La reunión de Hamlyn de forma aislada no fue más allá de un titular de prensa; la reunión de Grinda incluso llegó a ser archivada en primera instancia por la propia Fiscalía de Madrid; y lo denunciado por Stampa se quedó en un cajón hasta que confluyeron los tres hechos juntos, que hacen indicar, según el fiscal y el juez, que forma todo parte de un plan para “neutralizar determinados procedimientos judiciales mediante la descalificación de funcionarios”.
El 11 de noviembre declaran como investigados Díez, Pérez Dolset y Rusiñol, después de que lo hagan, como testigos, Grinda y Stampa, y varios periodistas que publicaron detalles de ciertas reuniones de Leire Díez. Por ahora, ella lo niega todo y se limita a decir que todo aquello formaba parte de su trabajo como periodista de investigación, aunque nunca antes haya publicado nada.
