El Ejecutivo autonómico de Isabel Díaz Ayuso ha dado un nuevo paso en su pulso con Pedro Sánchez al presentar un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la decisión del Gobierno de declarar la Real Casa de Correos, actual sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, como lugar de Memoria Democrática. Así lo ha anunciado este miércoles el portavoz autonómico, Miguel Ángel García Martín, después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) haya publicado la resolución que culmina un expediente que el Ejecutivo madrileño ya había impugnado en febrero ante la Tribunal Constitucional por invasión de competencias.
Este inmueble, convertido en Dirección General de Seguridad durante el franquismo, desempeñó un “papel central en la represión política y social durante varias etapas de la historia contemporánea de España, especialmente durante la dictadura”, señala el BOE.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Angel Víctor Torres, en una declaración remitida a los medios, considera una “magnífica noticia” la declaración de este edificio como Lugar de Memoria Democrática, porque en él, recalca, “hubo torturas y personas que perdieron la vida por defender el regreso de la democracia”.
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Por ello, el ministro asegura que “todos los demócratas” deberían “alegrarse” de esta declaración, “para que nunca más se repitan estos actos ignominiosos”.
El BOE señala también que, tras la Guerra Civil, la Dirección General de Seguridad “asumió un papel fundamental en la vigilancia, control y represión de republicanos, socialistas, anarquistas, comunistas, liberales y cualquier persona sospechosa de tener simpatías por las ideas contrarias al régimen”.
El Gobierno se ampara, según el texto legal, en los “numerosos testimonios” de personas que sobrevivieron a los interrogatorios, los cuales, coinciden en señalar, la “extrema brutalidad” con la que se ejecutaban estas prácticas, en lo que fue un “símbolo de las violaciones de los derechos humanos durante el franquismo”.
Además de esta declaración, el Ministerio de Política Territorial informa, además, de que el BOE publicará en los próximos días las declaraciones como Lugar de Memoria Democrática de la Tapia de fusilamiento del Cementerio del Este de Madrid, conocido como cementerio de La Almudena; y la de la Prisión Provincial de Hombres de Madrid, popularmente denominada como la Cárcel de Carabanchel.
García Martín, por su parte, ha tildado la decisión del Ejecutivo central de “sectaria y contraria a la Historia y a la verdad”, y ha adelantado que el recurso ante la Audiencia Nacional se presentará “de inmediato”. El Gobierno madrileño sostiene que el expediente ha caducado al haber transcurrido más de un año entre su incoación y la resolución definitiva, y considera que la publicación en el Boletín Oficial del Estado equivale a la notificación formal de la medida.
El portavoz del Ejecutivo madrileño ha recordado que la Real Academia de la Historia concluyó en un informe que la Real Casa de Correos, construida entre 1762 y 1768, se vincula principalmente a la Ilustración, con independencia de sus usos posteriores. Por eso argumenta que ”tratar de vincular la sede autonómica con una pequeña parte de su dilatada historia sólo puede responder a un intento sectario de Pedro Sánchez de manosear a esta institución”. No es más que una “cortina de humo” para no hablar de la “corrupción de Estado” que le rodea, ha lamentado García Martín.
