El Govern ha logrado que una amplia mayoría del Parlament haya avalado este miércoles dos nuevos decretos. El primero, respaldado por toda la Cámara excepto la CUP (que se ha abstenido) y Vox (que ha votado en contra), lleva a cabo el desarrollo de un fondo extraordinario que alcanza casi los 22 millones de euros para los entes locales con el objetivo de “contribuir a estabilizar” las finanzas de estas administraciones municipales. El segundo -con el voto en contra de Vox y Aliança y la abstención del PP- amplía las actuaciones que se pueden ejecutar con el Fondo de Transición Nuclear, creado para ayudar y diversificar la economía de los municipios catalanes que se verán afectados por el cierre de las centrales nucleares de Ascó i Vandellòs.
El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha defendido la primera de las medidas porque “la administración local sufre una presión creciente para garantizar servicios públicos municipales y su gasto se incrementa”. Ante el hecho de que la capacidad económica de ayuntamientos o consejos comarcales “no es suficiente”, Dalmau ha enfatizado la conveniencia de reforzar las maltrechas arcas locales. Al mismo tiempo, ha admitido que hay “deberes pendientes”, como la ley de finanzas locales, cuya memoria preliminar aprobó el Executiu la semana pasada.
A lo largo del debate parlamentario, pese a concitar bastantes apoyos, algunos grupos han vuelto a reprochar al Govern que recurra al instrumento del decreto ley para el impulso de este fondo, puesto que consideran que se “obstaculiza” la tramitación legislativa ordinaria. Desde Junts, Anna Feliu ha considerado que, aunque es mejor contar con estos recursos, la medida “no soluciona nada” y que es “el reflejo de un modelo de financiación local que no funciona”.
Por parte de Esquerra, la diputada Lluïsa Llop ha destacado que sin una financiación singular no se podrá transferir los recursos necesarios y adecuados a los entes municipales. En paralelo, ha reivindicado una ley de gobiernos locales para delimitar las competencias que deben tener los ayuntamientos y ha indicado que los consejos comarcales son los peores financiados.
Manuel Reyes, del PP y alcalde de Castelldefels, ha exigido “respeto, previsión y financiación estable” para las localidades, además de defender que lo que son necesarios son “más recursos y no propinas”. Desde Comuns, Lluís Mijoler ha defendido la necesidad de este fondo extraordinario, aunque ha calificado la cuantía de “modesta”, cuestión que ha compartido Dani Cornellà (CUP). Los anticapitalistas piden replantear el Fondo de Cooperación Local, más allá de esta línea extraordinaria de financiación que hoy ha recibido luz verde. La cifra también le ha parecido insuficiente a Sílvia Orriols (Aliança Catalana), que sostiene que los ayuntamientos cuentan con “recursos públicos mínimos”.
Vox ha rechazado el decreto porque argumentan que este fondo solo servirá para “aumentar el gasto político e hiperfinanciar los consejos comarcales, que no sirven para nada o más bien para complementar los sueldos de alcaldes y concejales”, en palabras de su parlamentario Javier Ramírez.
En cuanto al decreto que amplía las actuaciones que se pueden realizar con el Fondo de Transición Nuclear, la consellera de Economia i Hisenda, Alícia Romero, ha afirmado que era urgente esta norma para “resolver los desajustes” causadas por anteriores modificaciones. Este y otros fondos se nutren de la recaudación por el impuesto sobre la energía eléctrica nuclear, que se aproxima a los 200 millones de euros.
El dinero que se ingresa con este tributo se destina a políticas de vivienda, educación o servicios públicos de los municipios que se verán afectados por el cierre de las centrales nucleares, además de fomentar otras actividades económicas ante el impacto que tendrá la finalización de estos reactores. El decreto también prevé la creación de dos nuevos fondos, uno para la gestión forestal y otro de protección del sector pesquero.
Junts y Esquerra se han mostrado favorables a los cambios que introduce este decreto, aunque el diputado republicano Albert Salvadó ha advertido que desde su partido tienen el “temor” de que el Govern esté intentando “sustituir las inversiones que le corresponde hacer como Administración por estos fondos”. Comuns y la CUP han coincidido en pedir “más ambición” al Govern en la fiscalidad verde. PP y Vox han vuelto a cargar por la vía legislativa elegida para hacer estas modificaciones y han criticado el impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente, dado que consideran que la energía nuclear es una “energía verde”. Aliança Catalana ha manifestado un diagnóstico similar.