El magistrado del Tribunal Supremo Javier Hernández ha acordado librar una solicitud de cooperación internacional a Estados Unidos en la causa que instruye contra el eurodiputado Luis Pérez Fernández, más conocido como Alvise, por presuntos delitos de falsedad en documento privado e injurias por la difusión de una PCR falsa en 2021 del entonces candidato del PSC a la Generalitat Salvador Illa.
Al eurodiputado se le investiga por un texto que publicó en su cuenta que decía: “Hola Salvador Illa. Entre la LOPD o demostrar que un ministro y candidato autonómico de mi país miente... la segunda”. El mensaje iba acompañado de la fotografía de un documento que simulaba un informe clínico fechado unos días antes, en el que se hacía constar el resultado “positivo” de una PCR a nombre de Illa.
El juez instructor considera que la asistencia de las autoridades judiciales de Estados Unidos es oportuna, pertinente y proporcional, ya que puede ayudar a revelar datos clave almacenados por X, antes Twitter, que pueden revelar como fue tratada la documentación falsa, en qué momento se decidió publicarla y por qué. Así pues, con esta justificación, el letrado cree que, en ningún caso, se estaría vulnerando el derecho a la intimidad de Alvise, ya que la causa se ajusta a lo previsto según La Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El 6 de junio Alvise ya fue citado por esta causa en el Alto Tribunal. En su declaración alegó que él no había sido el primero en difundir la prueba PCR falsificada, porque era un documento que ya estaba circulando por las redes sociales de forma masiva, aunque en 2021 reconoció que no se había asegurado de la veracidad de la información que decidió compartir. Según el fiscal, pero, se trata de un documento totalmente falso que Alvise habría confeccionado para perjudicar al exministro y al PSC en su candidatura a las elecciones catalanas.
Hoy mismo, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha anunciado la puesta en marcha del procedimiento para retirar la inmunidad parlamentaria a Alvise, aunque no ha detallado el porqué. Recordemos que Alvise tiene ya cuatro causas abiertas en el Supremo. Además de esta, cuenta con otra por presuntos delitos electoral y de financiación ilegal de su partido por los 100.000 euros que recibió del empresario Álvaro Romillo, alias CryptoSpain, para las elecciones europeas de 2024; otra por el presunto acoso en redes sociales a la fiscal coordinadora para delitos de odio en Valencia, Susana Gisbert; y una más reciente también por el supuesto acoso a dos eurodiputados que concurrieron con SALF a dichas elecciones y posteriormente rompieron con el partido.
Como última medida de la instrucción, el magistrado de la Sala Penal ha considerado oportuno ordenar una nueva prórroga de seis meses a contar desde el próximo 17 de noviembre, ya que se prevé que los trámites del procedimiento se ajusten a estas nuevas fechas.