El bloque progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) comienza a agrietarse, lo que está generando la pérdida de fuerza ante el bloque conservador que se mantiene unido. Cuando los veinte vocales fueron elegidos en junio del pasado año tras un acuerdo entre PSOE y PP, quedaron definidos dos claros grupos de diez y diez.
Esta división obligaba a pactar las decisiones más relevantes ya que los nombramientos para presidentes de sala y tribunales deben ser elegidos por tres quintos. Además, en otros nombramientos con mayoría simple es el voto de la presidenta, Isabel Perelló, la que decanta la balanza para un lado o para el otro.
El nombre de Perelló fue pactado por ambos bloques después de que las propuestas iniciales de unos y otros no saliesen adelante. Esta magistrada era considerada afín al bloque progresista, sin embargo al poco de iniciar su andadura ha demostrado que no tiene un bloque asignado sino que vota con unos u otros dependiendo del asunto.
Esto ya provocó que varias propuestas de los progresistas no saliesen adelante. A esto se ha añadido que otro vocal progresista, Carlos Hugo Preciado, ha optado por desligarse del bloque y votar con un criterio autónomo.
Esto ha llevado a que esta semana, los progresistas se hayan visto afectados en la renovación de las comisiones, quedando perjudicada su presencia, con el malestar correspondiente.
Por eso, los vocales progresistas Ángel Arozamena, Lucía Avilés, Ricardo Bodas, Esther Erice, Bernardo Fernández, José María Fernández Seijo, Inés Herreros, Luis Martín y Argelia Queralt han emitido hoy un comunicado en el que denuncian “la ruptura del marco de consenso que había garantizado hasta ahora un funcionamiento equilibrado y cooperativo del órgano de gobierno del poder judicial”.
Además, el vocal progresista José María Fernández Seijo ha comunicado formalmente este viernes su renuncia a Perelló, quien. según fuentes jurídicas citadas por EFE, alega “razones personales” tras poco más de un año como vocal en el Consejo.
Según explican, durante el primer año de mandato, el Consejo había trabajado sobre reglas pactadas que aseguraban la representación “razonable” de las “distintas sensibilidades, la distribución equilibrada de responsabilidades, la paridad y la transparencia”.
Ese modelo -sostienen- permitió un año de estabilidad institucional, más de 160 nombramientos judiciales y un clima de “confianza inédito”. Sin embargo, consideran que “ese equilibrio se ha roto de manera abrupta y deliberada”.
Estos vocales acusan a Perelló de imponer un cambio de reglas que excluye a los vocales progresistas —que representan el 45 % del Pleno— y “altera la base de cooperación que había presidido la etapa anterior”.
El Pleno celebrado el miércoles y jueves abordó la renovación de las comisiones. En el orden del día figuraban las propuestas de ambos bloques y de Preciado, que incluían únicamente los nombres de cada grupo, al no haberse alcanzado un acuerdo previo.
Sin embargo, el jueves la presidenta exigió “subsanar” la propuesta progresista para incluir a todos los vocales, “después de que el bloque conservador presentara una lista cerrada que ya incorporaba también los nombres del otro bloque, sin consulta ni comunicación previa”. “Se concedieron apenas quince minutos para rehacer la propuesta, en un procedimiento contrario a toda lógica institucional”, añaden en el comunicado.
Finalmente, se aprobó la lista presentada por el vocal Preciado “idéntica” a la del bloque conservador, “con los votos de los diez vocales conservadores, el propio Preciado y la presidenta”, se lamentan.
A su modo de verlo, el resultado no puede considerarse “consensuado”: “el reparto es arbitrario y desequilibrado, y otorga al vocal Preciado una representatividad equivalente a la de un grupo propio, quebrando cualquier regla mínima de equilibrio interno”.
Los vocales progresistas “lamentan este retroceso y advierten de sus consecuencias para la colegialidad y la confianza interna del Consejo. Reafirman su compromiso con un CGPJ plural, transparente y fiel a su mandato constitucional de garantizar la independencia judicial y el buen servicio público de la justicia”.
