El Govern y el grupo parlamentario de los Comuns han acordado este lunes la creación de una unidad antidesahucios, una oficina que se dedicará a ofrecer acompañamiento jurídico, mediación y asesoramiento ante estas situaciones, y la activación del registro de grandes tenedores de vivienda, que tendría por objetivo “identificar a las personas que especulan con la vivienda”.
Se trata de dos de las condiciones que la formación ecosocialista ha impuesto al Ejecutivo de Salvador Illa para poder iniciar una negociación sobre los nuevos presupuestos de la Generalitat del 2026, pero que ya fueron acordadas en el marco de los presupuestos vigentes, cuando el Govern requirió de los votos de los ecosocialistas para aprobar los incrementos de crédito aprobados este año ante la ausencia de unos presupuestos actualizados. Por tanto, se trata del desbloqueo de unos acuerdos ya alcanzados en el mes de mayo.
En rueda de prensa desde la conselleria de Territori, la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, y la responsable de vivienda del grupo, Sussana Segovia, han celebrado la creación de estas medias, que se harán realidad en diferentes momentos. Mientras que el Consell Executiu aprobará este martes la creación de la oficina antidesahucios, el registro de grandes tenedores aún debe pasar trámites, pero en los Comuns dicen haber arrancado del Govern el compromiso de que sea aprobado antes de final de año.
Dos medidas encaminadas a “poner orden en la ley de la selva en que se ha convertido el acceso a la vivienda”
”Son dos medidas encaminadas a poner orden en la ley de la selva en que se ha convertido el acceso a la vivienda en nuestro país y frenar el drama de los desahucios que sufrimos en Catalunya, donde tres de cada cuatro son personas o familias que no pueden pagar el alquiler”, ha valorado Albiach.
Aun así, los Comuns consideran que aún no se dan las condiciones para iniciar una negociación con el Ejecutivo catalán para los presupuestos del 2026.
Albiach ha recordado que para la aprobación del tercer suplemento de crédito del Govern, junto con estas dos medidas, se pactaron otros asuntos relativos a educación y sanidad que aún no se han implementado. En todo caso, “estamos dándole la caja de herramientas al Govern y ahora debe usarla de manera rápida”, ha advertido. Además, “el éxito o el fracaso de la legislatura -catalana- pasa por: garantizar la vivienda como un derecho y que los trenes, Rodalies, esté en condiciones de dignidad. Vivienda y movilidad”, ha resumido la dirigente parlamentaria.
39,4 millones de euros para los próximos cinco años
La oficina antidesahucios nacerá con el nombre de Servei de Protecció i Estabilitat Residencial (SPER), contará con un presupuesto de unos 39,4 millones de euros para los próximos cinco años y pretende tener un carácter preventivo. Para ello, la oficina hará énfasis en el acompañamiento integral de los casos en riesgo de desahucio a través de la figura del referente de vivienda (RAH), responsable de la oficina que actuará desde que una persona deja de pagar el alquiler hasta el momento, llegado el caso, en que se produzca el desahucio si este no se puede evitar.
La misión de esta oficina, a la imagen de la que creó en su día la exalcaldesa Ada Colau en Barcelona, es tratar de frenar los desahucios, Para ello ofrecerá servicios de asesoramiento jurídico, mediación con bancos y propietarios, y búsqueda de alternativas habitacionales.
Jéssica Albiach, durante una rueda de prensa tras una reunión en materia de vivienda, en el Conselleria de Territori
Para iniciar la tarea de la oficina, los Comuns quieren dotarla con amenos 50 personas, que se irán incorporando a lo largo de lo que queda y hasta segundo semestre del año que viene. Esto supone un retraso respecto a las previsiones iniciales debido a la demora con que se aprobaron los suplementos de crédito y algunos obstáculos con que se ha topado el Govern. En todo caso, desde la formación ecosocialista sostienen que esta unidad superará la dotación de las 50 personas porque “la demanda y la necesidad de recursos hará que se tenga que aumentar”. Albiach se ampara en el hecho de que en el año 2024 hubo un total de 7.381 desahucios en Catalunya, lo que supuso un incremento del 3,2% respecto al año anterior, “y no dejan de aumentar”, ha lamentado.
Registro de grandes tenedores: obligación sujeta a multas de hasta 90.000 euros
La oficina antidesahucios se enmarca en la aplicación de la nueva ley de Vivienda en Catalunya, que entró en vigor en mayo del 2024. Su objetivo es prevenir desahucios y ofrecer soluciones habitacionales a personas con dificultades económicas.
En cuanto al registro de grandes tenedores, también pactado en mayo con el Govern, Albiach ha explicado que se trata de una herramienta “imprescindible para poder identificar a las personas que especulan con la vivienda”, pero su misión también tiene que ver con disponer de un mayor control fiscal y disponer de un nuevo elemento que permita frenar el aumento de precios de los alquileres.
Según lo pactado, se fija la obligación de que todos los propietarios de más de cinco viviendas consten en este registro y el incumplimiento de dicha obligación comportará una multa de entre 9.000 y 90.000 euros. Además, este registro debe facilitar la tarea a la hora de supervisar el cumplimiento de la ley de vivienda, cuando señala un precioi máximo de alquiler a quienes sean grandes tenedores y un pago del 20%, en lugar del 10%, del impuesto de transmisiones patrimoniales para la compra de nuevas viviendas por parte de quienes se consideran grandes tenedores.
Además, los Comuns garantizan que este registro será “claro, abierto, transparente y de consulta fácil”, por lo que, teniendo en cuenta la protección de datos, el solicitante podrá averiguar si una persona física o jurídica consta o no en dicho registro y por tanto se le considera un gran tenedor de vivienda o no.
