El Ministerio de Cultura ha dado un nuevo paso, “casi definitivo”, en el procedimiento para lograr la extinción judicial de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF). El departamento que dirige Ernest Urtasun ha notificado este viernes a la entidad las conclusiones del expediente elaborado por el Protectorado de Fundaciones tras varios meses de recopilación y estudio de la documentación pertinente. A partir de ahora, la fundación dispone de un plazo de diez días hábiles para presentar alegaciones ante el Ministerio.
En una resolución de 37 páginas, a la que ha tenido acceso La Vanguardia, Cultura desgrana al detalle las causas por las que considera que la entidad debe ser extinguida. Y tras analizar más de 5.000 documentos presentes en el momento del volcado de la página web de la entidad, Cultura considera tener acreditado legalmente que la Fundación Francisco Franco “no persigue fines de interés general”, uno de los motivos que la ley contempla para su disolución. Sus actividades, añade el texto, “son incompatibles con lo que inspira la legislación vigente” y ofrecen una visión “inequívocamente positiva del franquismo”.
El Ministerio ha basado buena parte de su resolución en el informe que emitió el pasado mes de mayo la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, después de que el registro de fundaciones determinara que no era competente para identificar las entidades susceptibles de extinción. Entre los ejemplos citados para proceder a la extinción de la FNFF figuran artículos difundidos por la propia fundación con un “prisma negacionista” y que “niegan o aminoran el alcance de la represión”, como uno titulado La mentira de los niños robados del franquismo.
Además del informe de Memoria Democrática, el Ministerio ha incorporado al expediente un dictamen de la Abogacía General del Estado, otro de un catedrático de Derecho Constitucional y testimonios de víctimas del franquismo, junto a un análisis sobre la presencia pública de la fundación en los medios de comunicación.
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“Se ha ejecutado un trabajo concienzudo y en profundidad” con el objetivo de que, una vez abierta esta nueva fase, la fundación no encuentre “ningún subterfugio” que no haya sido previsto ya por el Gobierno, señalan fuentes del Ministerio. En cualquier caso, será la Justicia quien tenga la última palabra sobre su extinción.
Las mismas fuentes han precisado que la intención del Ejecutivo es acudir a los tribunales “lo antes posible”, sin agotar el plazo máximo de nueve meses que, mientras tanto, prevé la ley, y que solicitará medidas cautelares para limitar o interrumpir la actividad de la fundación hasta que se adopte una resolución judicial definitiva.
Detalle de la placa de entrada en la sede de la Fundación Francisco Franco, sita en la Avenida Concha Espina de Madrid
El Ministerio de Cultura ha ampliado el alcance de sus actuaciones sobre la FNFF y han iniciado un segundo análisis de todo el contenido del extenso archivo que custodia la entidad con el fin de determinar “si existen documentos de naturaleza pública” que puedan ser “recuperados”.
El proceso seguiría los pasos dados en el caso del Pazo de Meirás, en el que la Justicia acabó ordenando la devolución al patrimonio del Estado de los bienes que la familia Franco mantenía en su poder.
