El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, de 95 años, ha pedido a la Audiencia Nacional que valore su estado de salud para decidir si debe someterse a juicio, que comenzará el próximo mes de noviembre.
La Audiencia Nacional juzgará a Pujol y a sus siete hijos del 10 de noviembre de 2025 al 23 de abril de 2026 por la fortuna presuntamente ilícita que acumularon y mantuvieron oculta durante décadas, diez años después de que se abriera esta causa.
La Fiscalía pide una condena de 9 años de cárcel para el expresidente catalán, mientras que para sus siete hijos solicita penas que oscilan entre los 8 y los 29 años de cárcel que reclama a su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, así como multas millonarias.
La Abogacía del Estado por su parte no se dirige en su escrito de acusación contra Jordi Pujol Soley, mientras que para el primogénito pide 25 años de cárcel y una fianza de 7,7 millones de euros.
Están acusados de delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y frustración de la ejecución.
A diez días de que arranque el juicio, Pujol ha pedido a la Audiencia Nacional que valore su estado de salud para que decida si debe sentarse en el banquillo de los acusados o en qué condiciones, según ha avanzado El País y han confirmado a EFE fuentes jurídicas.
En concreto, el equipo legal de Jordi Pujol ha solicitado a la Audiencia Nacional que valore su capacidad para ser juzgado y defenderse, es decir, de afrontar el rol dialéctico de la defensa, o bien que no tenga que asistir al juicio, es decir, que lo pueda seguir e intervenir de manera telemática.
Para ello, según el citado medio, la defensa del expresidente catalán ha entregado al tribunal la documentación sobre su estado de salud, consistente en tres informes médicos.
En junio de 2021, el juez Santiago Pedraz dictó la apertura de juicio oral por estos hechos que comenzaron a instruirse en 2015 en la Audiencia Nacional a raíz de una denuncia de una exnovia de Jordi Pujol Ferrusola.
La investigación determinó que los miembros de la familia Pujol formaban presuntamente una organización criminal que, aprovechando su posición privilegiada, acumuló un patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas.
Su forma de actuar reunía, según la instrucción, todos los requisitos de una organización criminal: con diversos niveles jerárquicos, una estructura planificada, y permanencia en el tiempo, desde que se abrieron las primeras cuentas corrientes en Andorra en 1992 hasta que la familia cerró sus últimas fundaciones en 2014.
El liderazgo de la organización, según la investigación, estaba encarnado en Jordi Pujol y Marta Ferrusola, quien, de hecho, se autodenominaba la “madre superiora de la congregación” (Ferrusola quedó fuera de la causa al acreditar que padecía demencia y poco después falleció).
Por debajo se encontraría Jordi Pujol Ferrusola, denominado “el capellán de la parroquia”, cuyas instrucciones seguían a su vez el resto de los hermanos.