Llegó el momento de que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se siente en el banquillo de los acusados. A partir del lunes desfilarán 29 testigos y doce agentes de la unidad central operativa (UCO) de la Guardia Civil para desentrañar si cometió un delito de revelación se secretos por filtrar un correo electrónico del abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Siete magistrados del Tribunal Supremo, presididos por Andrés Martínez Arrieta, analizarán todas las pruebas que se expongan en la vista. No existe una prueba de cargo directa, es decir, no hay una prueba que le señale directamente a él como la persona que filtró a un periodista el correo por el que el letrado ofrecía a la Fiscalía de Madrid un pacto de conformidad para pagar una multa y reconocer que el empresario cometió dos fraudes fiscales.
No hay una evidencia directa que vincule a García Ortiz con la filtración del correo electrónico clave
Lo que hay son pruebas circunstanciales pero que para el juez instructor, Ángel Hurtado, son suficientes para enjuiciarle. Este juicio podría llevar a García Ortiz a la cárcel –se piden para él hasta seis años– y su inhabilitación, es decir, dejar de ser fiscal. Para empezar, ya ha tenido que afianzar 75.000 euros para pagar a González Amador por si es condenado. ¿Con qué va a contar el tribunal para decidir si el número 1 de la Fiscalía es culpable? La labor de los magistrados será valorar la prueba, es decir, si con los indicios que se aporten se puede inferir que él fue la única persona que pudo filtrar ese correo electrónico.
Los hechos empezaron el 12 de marzo del 2024. El digital elDiario.es publicó aquel día que la Fiscalía había denunciado a la pareja de Díaz Ayuso por defraudar a Hacienda 350.000 euros. Al día siguiente, a las 21.29 h el diario El Mundo publicó una noticia bajo el titular: “La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales mientras judicializa el caso” y transcribe un correo electrónico fechado el 12 de marzo entre el fiscal que puso la denuncia y el abogado.
Las horas son claves para poder entender el caso. Tras esa noticia, arranca un “frenético” intercambio de comunicaciones entre miembros de la Fiscalía. Hasta ese momento, se desconocía que había unos correos entre el abogado y el fiscal que puso la denuncia, Julián Salto. Cinco minutos después de la noticia, García ordena a las jefas de Madrid que localicen al fiscal para hacer una dación de cuentas, es decir, comunicar el cruce de correos. Al revisarlos se comprueba que quien ofreció el pacto fue el abogado y no al revés, con base a un mail previo, fechado el 2 de febrero, que El Mundo eludía. Ese correo fue enviado a un correo general, al que tuvieron acceso 17 personas.
A las 21.54 h Salto envió la cadena de correos a su superior, Pilar Rodríguez, y a la fiscal superior Almudena Lastra. A las 21.59 h, el fiscal general los recibe. A las 21.54, un periodista de La Sexta comunica en su chat de tribunales la existencia de ese correo con datos de su contenido y lo publica a las 22.10 h. A las 23.25 h un periodista de la cadena Ser entra en directo para contar el contenido del mail en cuestión. Para Hurtado, es evidente que la filtración solo pudo venir de García Ortiz.
De la instrucción se desprende que la publicación del primer correo, dado por El Mundo , fue autorizado por González Amador, pero no el segundo. El juez cree que García quería”ganar el relato” y por eso lo filtró. Y a eso se añade que Hurtado cree que García filtró esos correos al Gobierno para utilizarlos políticamente contra Ayuso. Las pruebas hablarán.
