Moncloa no solo lo sabía “sin duda”, sino que una operación de este calado “no la hace un comisario o un coronel del CNI o un guardia civil o un capitán. Es una operación de alto nivel donde desde presidencia del gobierno de un país y de otro intervienen en el tema. Como ya aparece en mis notas de inteligencia, como he declarado siempre y como es de cajón”. Lo dijo ayer el comisario de policía jubilado José Manuel Villarejo, que declaró ante la batlle [jueza] de instrucción especializada n.º 2 de Andorra que investiga si la liquidación de la Banca Privada d’Andorra (BPA) y su filial española, Banco Madrid, en el 2015 fue una operación dirigida por la llamada policía patriótica creada por el gobierno de Mariano Rajoy. El cierre del banco habría servido para hacerse con toda la información de la entidad y, con la ayuda de Estados Unidos, fue también una venganza por la nula colaboración por parte de esa entidad para lograr información sobre cuentas que pudieran tener líderes independentistas.
Villarejo añadió anoche que “precisamente por decir todo lo que estaba pasando en Andorra me metieron en prisión, por señalar que el rey y los Pujol no podían tener la misma cuenta en los mismos sitios”. Villarejo ha tratado de protegerse en los últimos años con la tesis de que el CNI le persigue por haber descubierto (y puesto por escrito en sus “notas de inteligencia”) que el rey emérito, Juan Carlos de Borbón, tenía cuenta bancaria en Andbank.
“Una operación de tal calado solo la pueden orquestar y ejecutar gobiernos al más alto nivel”, dijo el exagente
En julio del 2014 trascendió que la familia Pujol tenía dinero en BPA, transferido desde Andbank. Fue el principio del fin del clan del expresident, caso que justo este mes debería llegar a juicio en la Audiencia Nacional. También, el inicio del declive de Convergència Democràtica como partido.
“He contestado a todo”, dijo Villarejo. “Imagino que cuando vaya a España me caerá otra gorda, porque, obviamente, he dicho la verdad, como lo he venido diciendo estos años”. El exagente declaraba en este caso como testigo, a diferencia de los abiertos en Madrid, donde está imputado, con lo que en Andorra tenía obligación procesal de decir la verdad.
En la causa andorrana están imputados el expresidente del gobierno Mariano Rajoy; sus ministros de Hacienda, Cristóbal Montoro, e Interior, Jorge Fernández Díaz, y diversos exmiembros de la cúpula policial, como el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez; el ex director general de la Policía Ignacio Cosidó; el ex director adjunto operativo Eugenio Pino; y el inspector Bonifacio Díez Sevillano.
La causa emana de la querella que presentó en el 2020 el Institut de Drets Humans d’Andorra, que sostenía que en el 2014 y el 2015 España informó a Estados Unidos de diversos casos de dinero sucio en la BPA (de las mafias venezolana, mexicana, rusa y china) para que interviniera la entidad mediante el FinCen, el órgano de control financiero creado tras los atentados del 11-S del 2001 para luchar contra la financiación del terrorismo. Una orden del FinCen acabó con BPA en marzo del 2015 tras prohibirle operar en dólares.
En junio del 2014, el consejero delegado de la BPA Joan Pau Miquel había sido citado a una entrevista con el entonces agregado de Interior de la embajada de España en el principado, Celestino Barroso, que le sugirió que necesitaba información sobre cuentas que Oriol Junqueras, Artur Mas y Jordi Pujol pudieran tener en ese banco. Si no le ayudaba, Barroso le anunció que el banco recibiría un “hachazo”; eso ocurrió nueve meses después.
Los casos denunciados por España tuvieron muy poco recorrido policial y judicial, y EE.UU. Retiró la orden pocos meses después. Pero BPA y su filial, Banco Madrid, ya no existían.
“Tenemos que saber la verdad de lo que pasó. Se hizo muchísimo daño a muchísima gente, ¡y aquí no pasa nada! Fue un ataque a nuestra soberanía, somos un país pequeño, pero la tenemos”, afirma la presidenta del Institut de Drets Humans d’Andorra, Elisa Muxella. “Se llevaron el disco duro de la entidad al consulado español de Andorra, ¿pero esto qué es? ¿Y cual fue el resultado? Ninguno. Resulta que estuvieron mirando [las cuentas] en el consulado español… Son vulneraciones muy graves y no pasa nada. Es indignante”.
