El calendario de cierre escalonado de las centrales nucleares ha regresado esta semana al primer plano político con la votación en el Congreso de una enmienda del PP a la Ley de Movilidad Sostenible que plantea prorrogar su vida útil. Se trata de un debate con muchas aristas e interpretaciones que ha mantenido en guardia a Sumar y Podemos, atentos a cualquier gesto del PSOE que pueda poner en duda el calendario pactado al inicio de la legislatura.
Esta norma, de cuya aprobación depende la llegada a España de 10.000 millones de euros de fondos europeos, busca descarbonizar el transporte, digitalizar el sector, reconocer la movilidad como derecho ciudadano y aumentar la eficiencia del gasto público. Y coincide con el viraje emprendido por Pedro Sánchez este fin de semana mostrándose “dispuesto a estudiar la alternativa” de las propietarias de las plantas nucleares siempre que se “garantizase la seguridad” de los territorios y del suministro energético. Sus palabras, pronunciadas en una entrevista en El País, han reavivado el debate a la izquierda del PSOE y han sembrado dudas sobre el compromiso socialista con el calendario pactado al inicio de la legislatura.
Todo ello en un momento en que las empresas propietarias ha presentado una solicitud formal para aplazar hasta junio de 2030 el cierre de la central nuclear de Almaraz, cuyos dos reactores, según se había previsto, debían desconectarse de la red en 2027 y 2028.
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Sumar no quiere abrir un debate que considera superado. Y su coordinadora general, Lara Hernández, ha defendido este mediodía que la posición del socio minoritario del Ejecutivo es “firme” y se ciñe sencillamente a cumplir el calendario de cierre pactado en el acuerdo de Gobierno al inicio de la legislatura.
“En un país como España, donde tenemos viento, sol y presas para favorecer el impulso de energías renovables y soberanas, no entendemos quién quiere posicionarse del lado de la energía nuclear”, ha subrayado Hernández, antes de insistir en que “las nucleares tienen que cerrar cuando les toca y cuando lo acordemos”, en alusión directa al pacto firmado con el PSOE.
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Podemos, por su parte, parece fiarse menos del PSOE y por eso ha reclamado a Sumar que inste a los socialistas a cortar de raíz este debate frenando en la Mesa del Congreso la tramitación de la enmienda introducida por el PP en el Senado. Tal y como han sostenido el secretario de Organización y portavoz del partido, Pablo Fernández, y el coordinador federal de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, las declaraciones de Sánchez “dan la sensación de que el Ejecutivo ya ha decidido dar la prórroga”. “Pactar una nueva prórroga supondría pervertir el proceso de transición energética”, han advertido .
Al respecto, la portavoz de Sumar ha dicho que, hasta donde ellos saben, la Mesa del Congreso “no puede bloquear o vetar unas enmiendas que proceden de una cámara soberana” como es el Senado y que, por tanto, ahora serán los grupos parlamentarios los que tengan que retratarse. Y en un llamamiento al resto de aliados de la investidura ha añadido que es una “pena” que una enmienda de estas características pueda “manchar”, “emborronar” o “contaminar” una ley “tan positiva” para la ciudadanía como es la ley de movilidad sostenible.
La calculadora parlamentaria da cierto margen al PP para lograr su objetivo si logra el apoyo de Vox y Junts, o la mera abstención de este grupo. En febrero de este mismo año salió adelante una proposición no de ley para prorrogar la vida de las nucleares, que fue impulsada por el PP en el Congreso con las abstenciones de Junts y también de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), por lo que el movimiento de los populares puede repetirse.
