Una jueza deja libres a dos ladrones con 52 detenciones y condenas firmes”. Este es el titular de una información que Toni Muñoz publicaba el pasado viernes en La Vanguardia . La decisión de la magistrada se sustentaba en que el robo de un reloj –un Rolex de oro– se cometió con “mínima violencia”. Nada se decía del trauma posterior de una persona que ha sufrido un hurto, de esa sensación de vulnerabilidad que convierte algo cotidiano como pasear por la calle en un acto de precaución constante. Y lo más grave: no se tuvieron en cuenta las detenciones anteriores por delitos de hurto. No en una ni en dos ocasiones, hasta 52 veces para desesperación de los Mossos d’Esquadra.
Los Mossos d'Esquadra han sumado a sus antidisturbios y a la Policía Nacional a su nuevo plan contra la multirreincidencia en Barcelona
El Código Penal se modificó en 2022 para endurecer las penas a los delincuentes reincidentes, sin que haya tenido efectos en las calles. Junts reclamó ir un paso más allá y presentó en el Congreso una ley contra la multirreincidencia en 2024, que desde entonces el PSOE ha bloqueado en el proceso de enmiendas. La norma cuenta con el beneplácito del PP y el rechazo de Sumar y Podemos que dudan que los hurtos vayan a disminuir.
Interior recupera hoy la ponencia de la ley contra la multirreincidencia de Junts
A año y medio de las elecciones municipales, la seguridad se ha convertido en el principal caballo de batalla para muchos alcaldes. Los de Junts fueron los primeros en reclamar medidas urgentes contra la multirreincidencia y, hace unos días viajaron a Waterloo para hacerle llegar a Carles Puigdemont que el discurso del partido no conectaba con los problemas que tienen los ciudadanos en la calle. Exigieron que, más allá de exhibir sus malas relaciones con el PSOE, se acuerden pactos que beneficien a los municipios en los que gobiernan, ante el auge electoral de Aliança Catalana.
Pero la lucha contra la multirreincidencia no tiene color político. Alcaldes metropolitanos socialistas, como los de Barcelona, l’Hospitalet o Esplugues de Llobregat también han exigido al Gobierno una actuación rotunda contra estos delincuentes , ante las protestas vecinales por el deterioro de la convivencia. A estas voces se ha sumado también el PNV, preocupado por cómo la inseguridad escala puntos como el principal problema de los vascos. De ahí que la portavoz de los jeltzales, Maribel Vaquero, lograra hace unos días en el Congreso que Pedro Sánchez se comprometiera a iniciar la tramitación de la ley.
Y dicho y hecho: la Comisión de Interior del Congreso pondrá hoy en marcha la ponencia. Ahora el Gobierno tiene prisas, después de que la formación postconvergente rompiese relaciones con el PSOE. La intención es que la reforma pueda salir adelante antes de final de año, y podría hacerlo con los votos del PSOE, PP, Junts y PNV.
Más allá del órdago de los posconvergentes, el Gobierno ha entendido que los alcaldes son quienes dan la cara ante los ciudadanos y a quienes se les ha de ofrecer respuestas. Y si no lo hacen, para eso están las urnas. El próximo examen, en 2027.
