Castilla-La Mancha, región “conservadora” en palabras de su presidente, el socialista Emiliano García Page, recibió esta semana el primigenio aval a su nuevo estatuto de autonomía en el Congreso, por un amplio consenso. Aunque lo que se votó fue solo la toma en consideración de la reforma estatutaria, se trata de un paso decisivo hacia la actualización del autogobierno castellano-manchego, impulsado conjuntamente por el PSOE y el PP en las Cortes regionales, puesto que en él se incluyen algunas competencias en materia fiscal que ambas formaciones se empecinan en discutir para Catalunya, sobre todo ahora que se ha abierto el debate sobre la reforma de la financiación autonómica.
En el estatuto manchego vigente no aparece la opción de que la región pueda crear una agencia tributaria propia, pero en el texto de la reforma acordado por PSOE y PP sí. Esta agencia “se podrá crear” mediante ley de las Cortes de Castilla-La Mancha, “como organismo autónomo, con personalidad jurídica propia, para la gestión, recaudación, liquidación e, inspección de los tributos propios y cedidos”, señala el nuevo texto. Y “en todo caso, la Administración Tributaria del Estado y la de la comunidad fomentarán los medios de colaboración y coordinación que consideren oportunos, en especial cuando así lo exija la naturaleza del tributo”, incluye. En otras palabras, la región que preside el socialista Page ampara la posibilidad de asumir las competencias en materia fiscal a las que aspira Catalunya a través de la reforma del sistema de financiación autonómico.
Además, este apartado estatutario está sembrado de apelaciones a la “colaboración que pueda establecerse” entre la Administración central y la autonómica en materia impositiva, particularmente en la “gestión, recaudación y liquidación e inspección de los demás impuestos del Estado recaudados en la región”. Estas referencias contrastan con el tono de algunas de las críticas vertidas por Page respecto al planteamiento catalán, pactado por el PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa y asumido por el comité federal del PSOE.
Castilla-La Mancha se suma a la media docena de comunidades que ya gozan de agencia tributaria propia
Lo cierto es que esta prerrogativa estatutaria no es una novedad entre las comunidades autónomas. Así, la agencia tributaria propia está amparada ya en más de media docena de estatutos autonómicos. Castilla-La Mancha se suma, por tanto, al grupo de comunidades autónomas que lo han ido recogiendo en las sucesivas reformas, como Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Castilla y León o Galicia. El resto mantiene sus respectivos estatutos de autonomía invariables desde el origen, en los años 80.
El amparo legal de una agencia tributaria propia para Castilla-La Mancha, con capacidad para gestionar todos los impuestos –propios o cedidos-, es algo que no pasó desapercibido durante el debate parlamentario. Vox reprochó a los impulsores de la reforma que hayan seguido “en toda regla la senda de los separatistas catalanes”, puesto que el nuevo texto estatutario “quiere exactamente lo mismo que quieren los separatistas en Catalunya”, denunció. De hecho este amparo tributario contrasta con las críticas que el presidente Page y el PP han venido vertiendo sobre las aspiraciones catalanas en materia de financiación.
Page criticó la cesión de impuestos a Catalunya al avisar que sería “el mayor atentando a la igualdad de oportunidades entre españoles y españolas”
Estas aspiraciones empezaron a tomar cuerpo tras el acuerdo bilateral del pasado mes de julio entre el Gobierno y la Generalitat, donde se establecieron las bases de una financiación singular para Catalunya que busca una mayor cesión de impuestos –en especial del IRPF y el IVA, gestionados de momento por la Agencia Tributaria Española- y una gestión tributaria propia, inspirada en los modelos de financiación foral. Page criticó duramente este acuerdo y la posibilidad de registrar en el Congreso una proposición de ley con las reformas legislativas necesarias, entre ellas de la de la ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca): “Es bastante posible que estemos ante el mayor atentando a la igualdad de oportunidades entre españoles y españolas (…) No me voy a quedar de brazos cruzados y espero que no lo haga mucha gente más”, avisó Page.
El acuerdo entre Hacienda y el Govern de Catalunya para reformar el modelo de financiación, caducado desde el 2014, está cerca. Pero sin conocerse aún en profundidad la arquitectura del nuevo modelo también ha recibido la crítica feroz de los inspectores de Hacienda. Su principal asociación ha cargado en numerosas ocasiones contra el proyecto de cesión de la gestión de todos los tributos a la Generalitat, al considerar que supondrá una fragmentación de la Agencia Tributaria que dificultará la lucha contra el fraude, y también han expresado su preocupación por la situación laboral de los trabajadores de la Agencia Tributaria en Catalunya ante el temor de que pudieran ser traspasados a la administración tributaria catalana, que no cuenta aún con los medios para asumir la gestión de los tributos.
El nuevo estatuto manchego aún debe superar un largo trámite parlamentario, tanto en el Congreso como en el Senado, antes de su aprobación definitiva en la Cámara Baja, pero no se someterá a referéndum.
