Las fosas del franquismo son una lección de historia para los revisionistas, los que dicen que no fue para tanto. Frente a esto, los datos, recogidos pueblo a pueblo: en España un tercio de los municipios –más de 2.500– ha tenido o tiene una fosa de la Guerra Civil o la dictadura. Cuesta encontrar un punto del mapa sin una marca. Son más de 5.800 las fosas registradas en la web de la secretaría de Estado de Memoria Democrática, casi la mitad por excavar.
Pese a esta realidad, la política arrastró los pies durante años. No fue hasta el 2007 que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó la primera ley para impulsar exhumaciones. En los últimos 25 años –salvo la etapa de Mariano Rajoy–, se han recuperado más de 17.300 cuerpos de víctimas y hay otros 12.000 cuyo rescate se estima que sería viable, indica el forense Francisco Etxeberria, con amplia experiencia en recuperación e identificación de restos humanos y esclarecimiento de las causas de la muerte.
Exhumar, analizar y dignificar
En los últimos años se han recuperado más de 17.300 cuerpos de víctimas y hay otros 12.000 cuyo rescate sería viable
Esta es solo una pequeña parte de las víctimas de la represión política. Los historiadores cifran en torno a 150.000 los asesinados al margen del conflicto bélico por el bando franquista, y unos 50.000 en la zona republicana. Al menos 3.400 fosas pertenecerían a estas víctimas de la represión.
Las cifras son frías, pero cada fosa abierta cuenta una historia que precisa ser interpretada por expertos. Un equipo de arqueólogos, reforzado por biólogos en una primera etapa, y luego forenses y genetistas, aplica un protocolo meticuloso en cada uno de esos escenarios de la barbarie, desde que se realiza la apertura y recuperación de los restos humanos –y los objetos que les acompañan– hasta que se entregan a la familia, si se pueden identificar.
El primer paso es localizar la fosa. Ahí intervienen las asociaciones de memoria, de las que hay muchas y en todo el país, y se dedican a recoger información de la memoria oral, familiares, vecinos, gente mayor que quizás sabe dónde había una fosa en el pueblo pero no se atrevía a hablar por el miedo que instauró la dictadura, explica Etxeberria. “Con esos datos, tratamos de poner en juego a los historiadores, que analizan la documentación, en archivos, militares o no, y pueden facilitar las primeras ideas firmes, las pruebas de que lo que se cuenta ocurrió”, señala.
Tres años de trabajos
En octubre se encontró al fin una fosa en una mina de Cáceres, a 36 metros de profundidad y bajo 300 toneladas de rocas
A partir de ahí hay que buscar las fosas. No es fácil. A veces se tarda un mes, pero pueden ser años. En octubre pasado, un equipo de arqueólogos encontró los primeros restos de una fosa común en la mina La Paloma, en Zarza la Mayor (Cáceres). Eran vecinos de la zona asesinados en el verano de 1936 y arrojados donde nunca pensaron los franquistas que serían encontrados: a 36 metros de profundidad y bajo 300 toneladas de rocas. Se tardó tres años en dar con ellos. “No solo los mataron, se esforzaron en esconderlos para que no los encontráramos”, explica el forense.
Si se localiza la fosa, hay que pedir permiso para exhumar y notificarlo a la Fiscalía de memoria democrática. Se sigue el protocolo de las Naciones Unidas, que obliga a que asistan los familiares. Ahí empieza el trabajo de los expertos en arqueología, detalla Etxeberria, reforzados por antropólogos. Los restos se recuperan con cuidado y junto con los objetos asociados, que pueden ser botones, una hebilla, una cartera, un lapicero o joyas como anillos o pendientes, se llevan en cajas individuales al laboratorio.
La fase final
Para la identificación se toma una muestra de los restos exhumados y se hace el análisis genético
Allí, los mismos antropólogos de la fase de campo hacen el inventario y determinan las características de la víctima –sexo, edad, estatura, etcétera– y las lesiones, que siempre son de arma de fuego, y en cuya evaluación participan forenses. “Tan importante en el informe que se hará es decir quién es como indicar que se trata de una muerte violenta de tipo homicida”, dice Etxeberria.
La fase final es la identificación. Se toman muestras de hueso y se envían a uno de los trece laboratorios de genética forense acreditados en España. Con restos de hace más de ochenta años no siempre se obtienen perfiles de ADN. Si hay suerte, se coteja con los posibles familiares más directos y si coincide, queda certificada la identidad. Más de 700 cuerpos se han identificado con ADN en los últimos años.
Si se devuelve su identidad a la víctima, se entregan los restos a la familia en una cajita funeraria, además de los objetos y un informe amplio de lo que se ha hecho.
