El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de datos reservados a una pena de multa de 7.200euros e inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado por tiempo de 2 años. Además, debe pagar las costas de la defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid. Como responsabilidad civil deberá también indemnizar al empresario con 10.000 euros por daños morales.
La sentencia le absuelve del resto de delitos de los que era acusado como el de prevaricación y omisión del deber de custodia de documentos. La resolución incorporará dos votos particulares de las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo, que disienten de la misma. La redacción de la sentencia recae ahora en manos del presidente de la Sala, Andrés Martínez Arrieta, después de que Polo haya renunciado a ello.