El Gobierno se atrinchera, y busca rearmarse para continuar la batalla, tras el mazazo recibido con la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por parte del Tribunal Supremo. Pero en la Moncloa no prevén actuar en caliente, pese a la indignación que expresan ante un fallo que tachan de injusto y al que atribuyen una clara motivación política. Pedro Sánchez partió ayer a una nueva gira por África y, pese a que el ministro Félix Bolaños anunció la víspera que el proceso de relevo de García Ortiz se activará “en los próximos días”, el calendario se mantiene aún abierto. “No hay tiempos definidos todavía. Iremos viendo, hay que ir quemando etapas”, alegan.
Disparo a disparo, no obstante, van cayendo piezas de “caza mayor”. Esta semana, funesta para el Gobierno y el PSOE, encadenó nuevas revelaciones de la Guardia Civil sobre las presuntas “mordidas” del 2% en contratos de obra pública del ex secretario de organización de Ferraz, Santos Cerdán; la petición de Anticorrupción de 24 años de prisión para su predecesor en el cargo, el exministro José Luis Ábalos; y la condena a inhabilitación, por vez primera en democracia, del fiscal general. En apariencia es suficiente munición, en las escopetas de caza del PP y de Vox, como para abatir a un elefante.
García Ortiz sigue en su despacho
Álvaro García Ortiz sigue siendo fiscal general del Estado a pesar de su condena por revelación de secretos. El Tribunal Supremo le condenó este jueves a una inhabilitación de dos años para ocupar su cargo de número uno del ministerio público. Cuando el alto tribunal comunicó el fallo –que no la sentencia completa–, se esperaba que García dimitiera de su cargo. El Gobierno, a pesar de mostrarse contrario a la condena, ya anunció que nombraría a otro u otra fiscal general del Estado. García no dimitió el jueves y fuentes fiscales sostienen que el viernes estuvo trabajando en su despacho en la sede de la Fiscalía General en la calle Fortuny de Madrid. El Supremo ya comunicó en el fallo que la inhabilitación no se haría efectiva hasta que se publicase la sentencia. En ese momento, la resolución se hace firme –no tiene opción a recurso– y por tanto debe ejecutarse. La inhabilitación sólo va dirigida al cargo del fiscal general. Sin embargo, está por ver si puede ocupar su puesto como fiscal de Sala del Supremo o si al estar condenado no puede ejercer su actividad en la carrera fiscal. García Ortiz valora ahora interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Aún así su inhabilitación debe hacerse efectiva. Lo mismo ocurre si se decide solicitar por él o cualquier persona en su nombre un indulto al Gobierno. Aunque el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha defendido en todo momento su inocencia, y miembros del Gobierno se han mostrado contrarios a la sentencia, García Ortiz no tiene otra salida que dejar de ser el jefe de todos los fiscales de España.Carlota Guindal
Pero no a Sánchez, defienden en la Moncloa y Ferraz. Admiten el impacto muy negativo de los golpes, en puertas además del nuevo ciclo electoral autonómico. Aunque si el escándalo de Ábalos y Cerdán es demoledor en sus filas –“más vergüenza de la que sentimos no podemos sentir”, asumen–, advierten que la condena al fiscal general está obrando el efecto contrario: “Esto rearma al Gobierno y moviliza al PSOE”.
Y, además, cohesiona y revitaliza la ya muy abollada mayoría de la investidura. Casi todos interpretan el fallo del Supremo, igual que el PSOE, como el enésimo ataque de la “derecha política, judicial, económica y mediática” para cobrarse, tras siete años de esfuerzos infructuosos, el trofeo final: la cabeza del presidente del Gobierno.
El argumento que despliegan el Ejecutivo y el PSOE es que ya no se trata solo de defender a Sánchez, como cuando se tomó cinco días de reflexión para decidir si tiraba la toalla o resistía, en abril del 2024, tras abrirse la causa judicial contra su mujer, a raíz de una denuncia del sindicato ultra Manos Limpias. Ahora se trata, además, de defender la propia democracia, alegan.
El fallo del Supremo, tachado de “injusto”, “rearma al Gobierno y moviliza al PSOE”, alegan los socialistas
El choque institucional entre el Gobierno y el Supremo escala otro peldaño, pero ya tiene largo recorrido: arrancó en la anterior legislatura, con los indultos a los líderes del procés y la derogación de la sedición, y se agravó en este mandato, con la amnistía. Son facturas pendientes.
El propio Sánchez ya fijó esta línea estratégica de reacción ante una amenaza para la democracia, el pasado jueves tras conocer el fallo, justo en el aniversario de la muerte de Franco. El presidente llamó a defender la democracia de quienes buscan “tutelarla o amordazarla”, y del ataque de “nostalgias infundadas, intereses económicos, campañas de desinformación y abusos de poder”.
“Este Gobierno va a seguir luchando por defender la democracia y vamos a ser contundentes”, advirtió ayer el ministro Óscar López, que será el próximo rival electoral en Madrid de Isabel Díaz Ayuso, a quien todos en el PSOE y más allá apuntan como principal instigadora del fallo del Supremo, junto a José María Aznar y su llamada a la acción contra Sánchez: “Quien pueda hacer, que haga”.
López denunció en TVE el “mensaje muy potente de impunidad” que a su juicio traslada la “sentencia injusta” del Supremo. Un mensaje “demoledor” que el PSOE resume: “No te atrevas a tocar a Ayuso”. Y recuerdan que en abril del 2022 ya rodó la cabeza del hasta entonces líder del PP, Pablo Casado, cuando exigió explicaciones a Ayuso por las comisiones irregulares de las que se acusó a su hermano. Y ahora la de García Ortiz, primera víctima del presunto fraude fiscal del que está acusado el novio de la presidenta madrileña.
“Nadie puede estar por encima de la ley, tampoco Ayuso”, clamó López, que aseguró tener “muchas ganas de combatir”. “No nos van a restar ni un ápice de voluntad de seguir luchando por la democracia y la verdad”, replicó. “No nos pueden pedir que nos chupemos el dedo –alegó el ministro–. Es evidente que hay gente que está utilizando la Justicia para hacer política”.
Óscar López denuncia la politización de la Justicia, y Yolanda Díaz clama contra una “sentencia política”
La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, muy incómoda con los escándalos de corrupción que azotan al PSOE, cerró prietas las filas. “Estamos ante una sentencia política, sin lugar a dudas, que se dirige no al fiscal general del Estado, sino al Gobierno de coalición progresista”, denunció.
Y también el presidente del PNV, Aitor Esteban, se mostró “perplejo” ante la condena al fiscal general, mientras el novio de Ayuso, “un defraudador confeso, parece salir indemne”.
