Si la explicación de Jordi Pujol i Soley es cierta, el caso que llega este lunes a juicio en la Audiencia Nacional supone de algún modo el inicio y el cierre de un rosario de casos que, desde la reinstauración de la democracia, han afectado al partido que durante más tiempo ocupó el poder en Catalunya. Porque las disculpas de Pujol dicen que poseyó los dineros que heredó de su padre desde cinco meses después de ser elegido president, en 1980, y cuarenta y cinco años y quince legislaturas después, en 2025, llega al banquillo de los acusados. ¿Fue una deixa del abuelo Florenci o se nutrió con comisiones y negocios turbios, como sostienen las acusaciones?
Entre la deixa y mañana, la formación ha sufrido severas acusaciones y condenas, como la del Palau de la Música, la de los casos Pretoria, 3% o ITV, en el que el condenado fue ni más ni menos que el quinto hijo del expresident, Oriol Pujol i Ferrusola, el que aspiraba a recoger el testigo y el legado (político) del patriarca. En el 2012 fue acusado en un informe de la Agencia Tributaria de “colaborador necesario” en una trama que intentó amañar concursos de concesión relacionados con las estaciones de la Inspección Técnica de Vehículos (las ITV).
La Generalitat falsificó facturas para abonar 72.000 euros a Josep Tous, número dos de la Diputació de Barcelona y persona afín a Oriol Pujol, para anular el mapa de estaciones de ITV desarrollado por el Govern (tricolor) que desbancó a Pujol padre (con Pasqual Maragall al frente), y Oriol Pujol acabó imputado por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya por tráfico de influencias. Tras algunos vaivenes judiciales, en el 2018 llegó a un acuerdo con la Fiscalía en el que reconocía cohecho, falsedad documental y tráfico de influencias y aceptaba una pena de dos años y medio de cárcel y una multa de 76.000 euros. Pactó, alegó, para evitarle un periplo judicial a su mujer, Anna Vidal i Maragall. Estuvo en la cárcel 65 días. Antes, en 2014, había debido renunciar a sus cargos (y sueños) políticos cuando su padre confesó lo de Andorra.
De todas esas causas alrededor de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) queda por enjuiciar la del 3%. La investigación se cerró en junio de 2024. La que comienza a enjuiciarse mañana tardó cinco años y cuatro meses en llegar al banquillo.
Narrativa visualJuicio a una época: cómo la maquinaria policial y judicial logró atrapar a los Pujol
En el caso 3% –que bautizó en el Parlament antes de su nacimiento judicial el entonces presidente de la Generalitat Pasqual Maragall, cuando proclamó aquello de “ustedes tienen un problema y se llama 3%”– se ha investigado el presunto pago de donaciones a CDC. Más que la cifra, manda el símbolo. En la causa que mañana llega a juicio hay diversas cifras a las que sucede el símbolo matemático. La del 3% se abrió judicialmente en abril de 2020 para averiguar si altos cargos de CDC aportaban fondos (generalmente 3.000 euros) a la formación y ésta se lo devolvía posteriormente en efectivo, “con conocimiento de su origen ilícito”, y como forma de financiación.
Sí fueron juzgadas ya otras dos causas, que han tenido más que secuelas judiciales. El caso Pretoria, que acabó con la condena, entre otros, de dos personas que fueron (ambos) mano derecha de Jordi Pujol, algo imposible en la biología pero no en la política: Macià Alavedra y Lluís Prenafeta. Fueron condenados a penas de casi dos años de cárcel por tráfico de influencias y blanqueo de capitales, tras aplicarles las atenuantes de dilaciones indebidas y de confesión. Se decomisaron las ganancias ilícitas de tres operaciones urbanísticas: los 1,1 millones del ex alcalde de Santa Coloma Bartomeu Muñoz; los 3,2 de Alavedra, y los 5,1 de Prenafeta. Bartomeu fue a la cárcel y, hace pocas semanas, salieron a subasta dos propiedades que tenía en el Empordà. Alavedra murió en 2018; Prenafeta, en abril de este año.
El gran escándalo de la era Pujol fue, sin embargo, el caso Palau. En 2018, la Audiencia de Barcelona afinó el cálculo del saqueo perpetrado por sus dos principales administradores –Fèlix Millet y Jordi Montull– y concluyó que los millones robados fueron 23. Estalló en 2009, en plena hecatombe económica, y los detalles que fueron emergiendo fueron pura pornografía: obras en sus mansiones, viajes por todo el mundo, las bodas de sus hijas, compra de arte… y financiación de CDC.
El partido de Pujol se benefició con el pago de facturas por servicios no prestados. Crearon un entramado con la constructora Ferrovial, que abonaba a CDC un 4% a cambio de obra pública. La sentencia de la Audiencia estimó que desde principios de 1999 hasta julio de 2009, el total de comisiones satisfechas por Ferrovial a CDC fue de 6,6 millones. Como intermediarios, Millet y Montull robaron 2,8 millones y 700.000 euros respectivamente. Seis millones no se sabe dónde acabaron.
Se reclamó el dinero a CDC. Un partido que, en el torbellino del procés , había desaparecido, para acabar convirtiéndose en el PDECat, aunque la mayor parte de sus cuadros y votantes están hoy en Junts. El de la deuda es otro litigio. CDC fue condenada a pagar 6,6 millones tras el caso Palau. El Supremo decidió el desembargo de sus sedes para priorizar la suspensión de pagos (que tramita un juzgado mercantil de Barcelona) para que pudiera hacer frente al pago. Hace un año, el Ayuntamiento de Amposta (gobierna ERC) compró la sede local por 12.000 euros.
